El Tribunal Constitucional español, después de tan solo tres semanas de debate, de manera unánime anuló la declaración independentista catalana que fue aprobada el 9 de noviembre por el Parlamento de Cataluña afirmando su inexequibilidad frente a cinco preceptos constitucionales e incluso dos del Estatuto catalán (ver Parlament catalán aprueba resolución independentista).

Y es que si bien la resolución independentista aprobada se había presentado como una aspiración y no como un documento de carácter vinculante, para los magistrados esta pretendía constituir el «acto funcional» para una secesión. Al respecto, los jueces manifestaron que «la Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», resaltando el mayor precepto constitucional que es la soberanía del pueblo.

Los artículos constitucionales citados por los magistrados como sustento de su sentencia son, además de la soberanía del pueblo, la unidad nacional, el sometimiento a los poderes públicos, y los procedimientos legales requeridos para lograr una reforma constitucional.