Luego de una reunión de balance del Acuerdo de paz entre la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC) y el Gobierno Nacional en Cartagena, el grupo desmovilizado hizo duros cuestionamientos al Gobierno por los avances en la implementación del Acuerdo y pidieron al presidente Juan Manuel Santos utilizar el estado excepción para hacer cumplir lo pactado.

De acuerdo con la organización, están viendo difícil que las normas faltantes se puedan aprobar con mensaje de urgencia en el Congreso y más con la época electoral que se realizará este año.

“Vemos muy difícil que concluido el Fast Track, se puedan aprobar por vía de proyectos de ley con mensaje de urgencia, normas que reflejen fielmente lo pactado. Vendrían nuevos chantajes, y mucho más en vísperas electorales”, indicó la declaración.

Según las FARC, Santos ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar la correcta implementación de lo acordado y señalaron que todavía hay tiempo para que el mandatario pueda ejercer potestades constitucionales extraordinarias para «momentos de emergencia».

“Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos y hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana”, indicaron.

Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguraron que esta jurisdicción debe mantenerse para todos los actores del conflicto porque este mecanismo no fue concebido exclusivamente para enjuiciar a las miembros de las FARC.

«El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. No permitamos que la inexequibilidad de la competencia de la JEP sobre terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, involucrados en crímenes internacionales, siga dejando viva la impunidad al establecer fueros con extensión a todos los aforados constitucionalmente, reafirmando así la existencia de una casta privilegiada de intocables. Dejarlo de esa manera, sería equivalente a una burla cruel a las víctimas el conflicto».

Para la organización es necesario tramitar el Acto Legislativo que permita poner en marcha de forma definitiva la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales, para que se apersone de las 15 mil compulsas de copia existentes contra el paramilitarismo y que reposan sin molestia, engavetadas, en la Fiscalía General de la Nación.

Piden que se preserve la autonomía de la JEP, sin intromisión de nadie inventando inhabilidades a magistrados para hacer parte de la JEP, ni a ex guerrilleros para hacer política, a la vez que piden que se reviva la reforma política, «pedimos al Gobierno del Presidente Santos retirar cuanto antes, mediante acción normativa, el epitafio Requiescat In Pace (Que descanse en paz) que el congreso le colgó a la Reforma Política. Nadie en Colombia pierde la esperanza de tener una democracia amplia y participativa. Deseamos una nueva calidad para el sistema político, abrir las puertas a la participación, recurrir al voto electrónico para sofrenar, o mejor, desterrar el fraude, la corrupción y el clientelismo. La Reforma Política es y será siempre, asunto cardinal para superar las causas históricas del conflicto».

Otra de las críticas del partido político fue frente a los pocos avances de los proyectos productivos en desarrollo que no se han los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización.

En ese sentido, pidieron a Santos acelerar el proceso de reincorporación política y los proyectos económicos y sociales que están esperando los excombatientes.

 

“A muchos de los nuestros no les han resuelto todavía el problema de su identidad, y por lo tanto, no tienen acceso a la bancarización. Ordene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia.

Igualmente, pidieron que la Fuerza Pública actualice sus bases de datos para que no sigan deteniendo a los guerrilleros que han sido amnistiados, además, pidieron protección de los excombatientes y líderes comunitarios que han venido siendo asesinados en varias regiones del país.

«Que el cuerpo élite de la policía creado para proteger la vida de ciudadanos y líderes sociales en los territorios empiece a mostrar resultados. Que sea motivo de preocupación que a un año de firmada la paz llevamos 30 exguerrilleros muertos, también 11 de sus familiares y más de 150 dirigentes comunitarios asesinados»

Frente a la titulación de tierras, indicaron que es necesario avanzar en este proceso para desarrollar los proyectos productivos. “Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo”, dijeron.

Asimismo señalaron que en la implementación del acuerdo ha habido mucha burocracia la cual no ha permitido solucionar los problemas sino agudizarlos. «No desconocemos la voluntad del Presidente Santos, Premio Nobel de Paz, en intentar sacar el proceso al otro lado, pero hay mucha burocracia y unos enjambres de asesores que solo saben utilizar la norma, no para solucionar los problemas, sino para agudizarlos. Y no es justo, porque ello solo refuerza el saboteo de la derecha a los esfuerzos de paz», plantea el documento.

Finalmente, las FARC hicieron criticas al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez por su papel en la JEP, «el Fiscal ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las FARC. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso».

Según  las FARC, la Fiscalía ha bloqueado la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada JEP, «ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.