Evidencia de manera detallada que en el articulado se buscan introducir temas perjudiciales para diversos sectores

La senadora de oposición Paloma Valencia del partido Centro Democrático advirtió que en la ponencia radicada recientemente del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, existen más de 24 micos de toda índole.

El articulado incluye desde facultades extraordinarias para el presidente de la República, nuevos impuestos, más aranceles, más burocracia, hasta politización en las aulas de clases, según Valencia.

La legisladora inicia su denuncia asegurando que Gobierno instaurará una nueva política nacional de drogas donde no se especifican sus características ni objetivos. 

Una facultad extraordinaria para replantear la política nacional de drogas. Esto según el artículo 173 denominado implementación, adopción de la Política Nacional de Drogas.

Además facultad extraordinaria para modificar y acabar con el programa de Familias y Jóvenes en Acción. Programas que han beneficiado a más de 2,6 millones de hogares y cerca de 400.000 jóvenes.

Lo anterior, en virtud del artículo 325, modificación de programas sociales Familias y Jóvenes en Acción.

El tercer “mico” denunciado por la legisladora es el artículo 353 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, al respecto manifestó: “El Gobierno insiste en crear una Agencia de Seguridad donde sus competencias serán determinadas por el presidente de la República mediante facultades extraordinarias”.

Otro de los puntos controversiales es otra facultad extraordinaria para que el gobierno defina las tarifas o el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, bajo un criterio de “Sostenibilidad”, establecidos en el artículo 193.

Asimismo, denunció la facultad para crear nuevas entidades ambientales, modificar competencias del Ministerio de Ambiente. Incluso modificar y ubicar toda la burocracia que el presidente decida.

Petro también tendrá facultades para modificar los regímenes de entidades públicas de servicios financieros.

El “mico” número siete planteado en el proyecto de ley, según la senadora Valencia,  recae en el artículo 368 y este es una facultad extraordinaria otorgada al presidente para que reestructure el Ministerio del Deporte.

“El Gobierno nacional en ejercicio de las competencias permanentes conferidas mediante el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y de la Ley 489 de 1998, adoptará la estructura interna y la planta de personal que requiera el Ministerio del Deporte para su funcionamiento, y podrá adelantar la modificación de las funciones de la entidad con las necesidades del servicio y las transformaciones del Ministerio del Deporte”, señala el artículo en controversia.

El octavo artículo denunciado es el 304 que establece la Política Sexual y de Derechos Reproductivos, al respecto la congresista manifestó que: “El gobierno también decidirá a dedo la política nacional de derechos sexuales”.

Uno de los puntos más controversiales denunciados es el artículo 370 referente a proyectos ferroviarios y de transporte de pasajeros, pues este constituiría una modificación de la ley de contratación, “Petro cambió la ley de contratación para paralizar la construcción del Metro Elevado en Bogotá”, señaló.

Por un lado, el artículo 88 hace referencia a la afiliación de las entidades públicas al sistema de riesgos laborales. Según el Plan Nacional de Desarrollo, se acabaría con la posibilidad de elegir aseguradora y todos estarían obligados a estar en la estatal Positiva.

El error número once, según Valencia, se encuentra en el artículo 342, denominado “estrategias de resignificación del tiempo escolar para el desarrollo integral”. Según la congresista, “la educación de los niños, niñas y adolescentes quedará politizada. Deberá existir oferta educativa de ‘Educación para la paz’. No se definen sus lineamientos o contenido”, dijo.

Paradójicamente, la congresista denuncia que en el Plan Nacional de Desarrollo se acaba con la transición energética. Según el párrafo 5 del artículo 207, “el gobierno pone fin a la transición energética, aumentando el impuesto a la transferencia de energía de fuentes no convencionales del 1% al 6%. Mientras tanto, el carbón de las térmicas se mantiene en el 4%”.

Otros artículos denunciados son “el Estado entregará en ‘concesión’ reservas forestales hasta por 30 años a organizaciones campesinas. Es decir, se acaba la protección ambiental para pasar a la explotación”.

También el artículo 345, en el que se reconocen las territorialidades campesinas, significa para la congresista que el Gobierno también reconocerá nuevas territorialidades campesinas. ¿Cuáles serán? ¿La de las ‘guardias campesinas’ en San Vicente del Caguán que secuestraron campesinos? ¿O las que escoltaban a Iván Mordisco?

Asimismo, la imposición de un arancel inteligente y de defensa comercial, estipulado en el artículo 232, redundará en “intentar cerrar los mercados internacionales y declarar ‘Soberanía Alimentaria’ con un nuevo arancel llamado ‘Inteligente y defensa comercial’”.

También denunció que se contempla que el gobierno tenga todos los datos personales de los ciudadanos, así como los ingresos al país, en virtud del artículo 63 denominado “Registro Universal de Ingresos”.

No obstante, ella y otros congresistas como Jota Pe Hernández han liderado una cruzada para reducir el salario de los congresistas. 

En el proyecto de ley, en el artículo 363, se contempla nueva burocracia para los legisladores, como la creación de la subdirección administrativa de la Cámara de Representantes. 

“El gobierno crea nuevas entidades y puestos para el Congreso de la República. Más burocracia para congresistas. Y nosotros tratando de reducir los sueldos y disminuir el gasto burocrático”, indicó.

También cuestionó la metodología de contratación de las “Asociaciones Público-Populares”, que quedará sin especificación en la ley. Esto puede ser un gran foco de corrupción y de compra de votos con los recursos públicos.

El mico 19 denunciado recae en el artículo 43, referente a los avalúos catastrales. La congresista insiste en que, sin una metodología clara, estos se actualizarán, aumentando la carga para los ciudadanos.

Otros “micos” señalados son la repetición del programa cuestionado en la alcaldía de Bogotá “Basura cero”, que se repetirá a nivel nacional. También la obligatoriedad de adoptar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad: “Esto es adicionar, dentro del plan de desarrollo, el informe completo de la Comisión de la Verdad y sus más de 48 recomendaciones, varias muy malas y politizadas”.

La creación del programa “Jóvenes en paz”, en el artículo 308, llama la atención, ya que no contiene información detallada sobre su estructura, pero podría usarse para dar los 800 mil pesos que el presidente Petro prometió a jóvenes que dejarán las bandas criminales y de la primera línea.

También se destacó que: “Recuerdan que estaban diciendo que estaban tomando recursos del Soat para pasarlos a los equipos básicos de salud. Ese artículo establece que los excedentes del Soat, los puedan usar municipios y distritos. Esa podría ser la manera en que legalizarían ese movimiento de recursos”.

A las denuncias de la senadora Paloma Valencia, se suma la aparición de un ‘mico’ en el Plan Nacional de Desarrollo que permitirá la expropiación de tierras exprés en 21 días.

Por ahora, el gobierno no se ha pronunciado sobre estas denuncias. La discusión del Plan continuará la próxima semana.

Vía Agencia Api