Informe especial
“Les pedimos a los trabajadores, al movimiento sindical y a la ciudadanía para que nos apoyen en la lucha por nuestros derechos laborales, ya que el Gobierno no nos ha parado bolas. Solo piensa en soluciones para los usuarios, no para los trabajadores”.
La anterior afirmación es de Diana Esperanza Vargas, auxiliar de odontología de 42 años, 20 de ellos en el Grupo Saludcoop (hoy Medimás), actual presidenta de Sintrasaludcol Subdirectiva Bogotá, refiriéndose a la situación de miles de trabajadores de esta EPS, la que más afiliados agrupa en el país, que califica de “angustiosa”, y de total incertidumbre.
“Atendemos nuestro trabajo y a los pacientes con mucho amor y respeto, pero nuestra dignidad como trabajadores se perdió, no ha sido valorada ni respetada por los gerentes que tomaron Medimás. Tenemos la autoestima muy baja como trabajadores de la salud, nos sentimos pisoteados, porque no se nos ha respetado ni nos tienen en cuenta en las soluciones de la crisis que se presenta”.
Este testimonio es de Diana Vargas, una sindicalista luchadora, cuyo liderazgo es reconocido por sus compañeros, quien por su trabajo ha vivido por dentro la crisis del sistema de salud, y especialmente las secuelas del mal servicio, la corrupción y el atropello laboral en el caso del Grupo Saludcoop, ayer Cafesalud, y hoy Medimás.
La señora Vargas se refiere a empresas como Epsifarma, en liquidación, que ha solicitado permiso al Ministerio para despedir a sus 1.300 trabajadores, con quienes aún no llega a un arreglo.
Habló del el caso de Bioimagen, empresa de ayudas diagnósticas y laboratorios, cuyos 500 empleados y personal paramédico aguardan sentados en la sala de espera, sin pacientes para atender porque no hay contratos vigentes.
Y el caso más preocupante es el de Epsimed, la empresa que maneja las clínicas, la más grande del Grupo Saludcoop (hoy Medimás). 3 mil trabajadores hoy están en su casa sin hacer nada, acogidos al artículo 140 del Código de Trabajo. Es decir, siguen vinculados a la empresa pero ésta no les resuelve su situación. No reciben pago desde noviembre del año pasado.
Recordó que detrás de cada liquidación de una clínica o cualquier otra figura sobre la que se aplicaba la sustitución patronal en las empresas del grupo empresarial Saludcoop, fueron saliendo de cientos de trabajadores, bien por acuerdos concertados o con autorización de despidos del Ministerio del Trabajo. O simplemente porque los trabajadores, agotados por el mal trato y la incertidumbre, renunciaban o abandonaban el trabajo para buscar nuevas opciones de empleo.
No han sido escuchados
Desde cuando empezó la intervención estatal del Grupo Saludcoop, hace 7 años, también los trabajadores y organizaciones sindicales empezaron la batalla para que en el proceso de liquidación y reorganización de los servicios no se afectaran los derechos de los 36 mil trabajadores que llegó a tener el Grupo en sus 34 empresas filiales. Pero esa batalla ha sido inútil, concluye la presidenta de Sintrasaludcol Subdirectiva Bogotá.
“Nunca hemos tenido respuesta del Ministerio de Trajo ni de los entes de control, y hemos recurrido a todos. Pusimos más de 300 querellas, tutelas por cientos, protestas y manifestaciones, y muchas reuniones con el Gobierno. Con el viceministro Baena hemos hechos varias, sin solución alguna. Es más un tema mediático, porque para los trabajadores no ha habido respuestas”, afirma.
A instancias del Viceministro de Inspección y Relaciones Laborales, Carlos Alberto Baena, se crearon varias Mesas de Trabajo para abordar todos los temas relacionados con Medimás. Mesas que para Diana Vargas han sido “una verdadera payasada, pues siempre giraron en torno a la posibilidad de que Medimás obtuviera un crédito que le permitiera reabrir las clínicas y poner a trabajar la gente”, dice la dirigente sindical.
Sobre el caso del interés de un ciudadano “gringo libanes” en invertir en Medimás, dijo que la propia presidenta nacional de Sintrasaludcol, Fanny Zambrano, se dio a la tarea de buscar al tal inversionista. Encontró que era un capitalista de fachada que no ofrecía las garantías necesarias para revitalizar la empresa. Lo que llevó a que el senador Jorge Enrique Robledo denunciara la tramoya.
“Y hasta ahí llegaron las mesas de trabajo. Quedaron en veremos, pues la última se hizo en febrero y no se ha vuelto a convocar”, señaló.
Insistió en que tanto el gobierno como los trabajadores de la salud deben estar unidos para salir de la aguda crisis del sistema de salud. “Se trata de la salud, un derecho humano fundamental”, subrayó.
La crisis contada en un video
Sintrasaludcol ha aportado pruebas y documentos para esclarecer lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el otrora Grupo Saludcoop. Como funcionaba el Grupo antes de ser intervenido por el Estado en 2011, por qué lo interviene, cómo ha sido el manejo de los diferentes interventores nombrados por el Gobierno en el proceso de liquidación, cómo ha sido la “masacre” laboral, entre otros temas.
Parte de esta investigación se recoge en un video de 40 minutos que narra paso a paso lo que llama “La verdad sobre el Grupo Saludcoop, crónica de una liquidación anunciada”.
El video visibiliza el entramado de empresas creado para defraudar un proyecto de salud que llegó a tener 34 empresas, más de 30 mil trabajadores y 5 millones de usuarios.
Cuando se intervino a Saludcoop, recuerda la médica Sarly Martínez, integrante del comité que adelantó la investigación, el grupo empresarial estaba integrado como una matriz, una EPS que creaba empresas para cada uno de los compromisos que asumía: una para medicamentos, otra para recursos humanos, una más para uniformes, otra para imágenes, etc. Así fue como surgieron empresas como Epsifarma, Epsimed y Bioimagen, entre muchas otras.
Las empresas mutaban de nombre y de razón social, pensando siempre en evadir cualquier rastreo. Incluso manejaban registros distintos para cada ciudad, con NIT diferentes, pero siempre eran de los mismos dueños. “Al final la matriz siempre era Saludcoop EPS”, anota la doctora Martínez.
Vía Agencia de información laboral