RAM_ Tras dos sesiones de discusión, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo 320 de 2021 Cámara, mediante el cual se busca reformar la justicia modificando los requisitos para elegir fiscal, procurador y registrador, y otorgando facultades al Congreso para juzgar a estos altos dignatarios.

La iniciativa, además, pretende establecer una nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, según sus promotores, con el fin de que la justicia en el país sea más ágil y eficiente.

«Sustancialmente consiste en una cantidad de alternativas respecto a cómo deberían ser escogidos los magistrados, si por el Consejo Superior de la Judicatura o con el sistema de cooptación pura, que es el que teníamos antes de 1999, para que los magistrados puedan seleccionarse ellos mismos, previas listas públicas y convocatorias de cortes», afirmó el representante de Cambio Radical, César Lorduy.

Sobre el artículo que modifica los requisitos para ser electo fiscal, procurador y defensor, aseguró que «alrededor de esos cargos debería ser válida la experiencia complementaria, adicional, que en otro tipo de actividades las personas que puedan aspirar a estos cargos tienen. Nada mal sería que el contralor, por ejemplo, además de ser abogado tenga experiencias relacionadas en materias contables; o que el defensor del pueblo pudiera tener una experiencia relacionada con la defensa de los Derechos Humanos».

Por lo mismo, y ante las críticas de sectores de oposición, el congresista insistió en que «estamos muy lejos de pensar que con estos cambios de requisitos, que no son sustanciales sino complementarios, se pueda favorecer a alguien, cuando prácticamente la mayoría de esos cargos están recién elegidos o les faltan dos años».

De otra parte, el representante liberal Juan Carlos Losada criticó que «en el artículo tercero le quitan a la Corte Suprema la facultad de juzgamiento que de esos dignatarios, todos ellos fundamentales para las garantías democráticas del país, y lo que hacen es llevarla a la Comisión de Acusaciones que, todos sabemos, es de una absoluta inoperancia».

El liberal siguió con sus cuestionamientos: «como si eso fueran mayores garantías que ir a la Corte Suprema; eso implica una completa desinstitucionalización. Convertirían los procesos judiciales en políticos. Una sustitución de la constitución; una clara ruptura, semejante orangután».

Al ser un acto legislativo, el proyecto deberá superar 7 debates más entre Senado y Cámara de Representantes para su promulgación. El segundo será ahora en la plenaria de Cámara y, de aprobarse, pasaría a la Comisión Primera, pero del Senado.