“Tendrán un tratamiento diferenciado los Miembros de la Fuerza Pública “que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo”.

Así está consignado en la ponencia del Acto Legislativo que creará la Justicia especial para la Paz en Colombia, que otorga un tratamiento diferenciado a los agentes del Estado, que será radicado en la secretaria General del Senado por parte del Gobierno, a través del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo.

La iniciativa iniciará su estudio y debate legislativo en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara

El documento que se radicará bajo el título, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

Senadores como Hernán Andrade y Carlos Fernando Motoa –Comisión Primera.- anticiparon a POLITIKA.COM.CO que la ponencia tiene 3 artículos, uno de ellos, permitirá agregar a la Constitución Política de Colombia un título transitorio, 7 capítulos y 23 artículos transitorios.

El capítulo tercero, crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Que “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”.

“En relación con los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno, el tratamiento especial de justicia se aplicará también respecto a conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas”, precisa el documento.

Establece que este sistema estará compuesto por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las situaciones jurídicas; la Sala de Amnistía o Indulto; el Tribunal para la Paz; la Unidad de Investigación y Acusación, y la Secretaría Ejecutiva. La Jurisdicción contará además con un Presidente.

En la ponencia se específica la cantidad, la forma de elección y los requisitos de los magistrados, así como las funciones de cada una de las salas.

Se destaca allí que los magistrados deberán evitar “cualquier nueva victimización y prestando el debido apoyo a las víctimas conforme a lo establecido en los estándares internacionales pertinentes El reglamento establecerá un mecanismo para la integración de una Sección del Tribunal para la Paz que garantice la estabilidad, eficacia y cumplimiento de las resoluciones y sentencias de la JEP, y fijará el procedimiento que esta deba aplicar para el desarrollo de sus funciones”.

En cuanto a la vigencia del mecanismo, se establece que será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, así como un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, “plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado mediante ley, para concluir su actividad, a solicitud de los magistrados”.

Se habilita la participación en política de los miembros de las Farc, al señalar que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

Así quedará el mecanismo especial para el juzgamiento de militares y agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto

Se establece que tendrán un tratamiento diferenciado los Miembros de la Fuerza Pública “que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo”.

Les aplicará para las conductas punibles cometidas “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

La JEP respetará las obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. “Lo anterior, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad” y en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, “también se podrán tener en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal”.

Sobre la extradición

La ponencia establece que no se podrá́ conceder la extradición, ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición, frente a hechos o conductas que sean objeto de este sistema especial de hecho ocurridos en el marco del conflicto, “trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables”.

Otras instancias que crea el nuevo Acto Legislativo

Se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que estará compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, será un ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, “con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio”.

El Sistema garantizará además “el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado”.

Este es uno de los capítulos a los que se le prestó mayor relevancia teniendo en cuenta que dará solución y recursos a las víctimas del conflicto.

Esta reparación deberá ser garantizada por el Estado “de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva”. Se priorizará la distribución de los recursos y las acciones reparadoras entre las víctimas, teniendo en cuenta el total, pero además “buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los recursos disponibles”. Se dará especial preferencia en la atención a los sujetos de especial protección constitucional.

 

 

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