Parte 1

Las metas personales y los fines ulteriores propios han enmarcado las negociaciones del proceso de paz del Gobierno Santos con las FARC. Se especula que la motivación del actual Presidente colombiano ha sido ser reconocido como el hombre que logró la “paz” en Colombia, y quién sabe, hasta ganarse el Premio Nobel; tema que se hizo evidente en su intervención, tal vez para algunos un poco precipitada, en Naciones Unidas anunciando la paz en 6 meses.

La paz, o la paz considerada ausencia de violencia, es necesaria en este país, y existe un consenso generalizado al respecto. El problema son las aristas que giran en torno de la paz y la pueden llegar a distorsionar, las cuales son verdades a medias presentadas a los colombianos como realidad. En primer lugar, las FARC ya no son una organización integral, es decir, la FARC política que ha negociado a los acuerdos, si bien quiere vender una imagen de representación absoluta, no representa totalmente a las FARC que tiene su brazo económico y militar y que pueden no ser parte de estos acuerdos. Se van a crear BACRIM de las FARC, debido a que no todos entregarán armas y están acostumbrados a una vida de guerra y el narcotráfico. Así mismo, se debe considerar la promesa que hizo el Presidente al pueblo colombiano de refrendar la paz, porque se puede inferir, con base en el Acto Legislativo que le otorgará facultades extraordinarias, es una verdad a medias, y es que ni las FARC ni el Gobierno se van siquiera a arriesgar a un no.

Es de conocimiento generalizado que en Venezuela hay carteles de droga, y que el régimen, al menos el de Maduro, no mueve un dedo sin beneficio. Sin embargo, esta no es una prioridad actual del Gobierno, quien en su búsqueda por firmar la paz es capaz de aguantar el insulto y humillación de ciudadanos colombianos en Venezuela, por ser este país quien auspicia el proceso de paz.

Así mismo, el posconflicto es la etapa más compleja por venir, y que no solo subirán los índices de inseguridad, pero el resentimiento, si no se maneja bien el proceso de reconciliación estará a la orden del día. Sin embargo, esto tampoco es prioridad debido a que lo importante para el Gobierno es firmar el papel, pero como país estamos muy lejos de una cultura de paz y reconciliación. Y al final del día, cuando el posconflicto con todas sus implicaciones llegue, los más afectados serán los ciudadanos, porque la clase política y privilegiada puede optar por salir del país y reubicarse mientras se llega a un equilibrio.

Así, las motivaciones del Presidente Santos están claras, sin embargo, las de las FARC no lo son. Es decir, desde un punto de vista racional por qué personas con acceso a tantos recursos (del narcotráfico) tendrían el deseo de entregarse y posiblemente ser condenados y privados de la libertad. Esta pregunta seguramente se la hizo el Gobierno y de ahí surgen las concesiones dadas a las FARC; una estadía prolongada en una finca para los criminales de guerra, la construcción de casas o escuelas para  reparar a las víctimas durante su estadía, y participación política ilimitada.

Partiendo de la base de que los líderes son los mayores beneficiados, podemos asumir que son estos líderes los que se beneficiarán, pero no solo por la inmunidad frente a la justicia. Y la respuesta de por qué alguien con tantos recursos y una supuesta “causa” se entregaría, siendo además que no han demostrado ningún sentimiento de culpabilidad por sus acciones, es que podrían tener más beneficios sin la guerra. Y este es el quid del asunto: el dinero del narcotráfico no ha sido negociado, y si bien debería destinarse a reparar víctimas, o al estilo noruego ser entregado al Estado para mantener afuera del país dando rendimientos (para no distorsionar la economía), o simplemente ser quemado por su origen ilegal, esta no es la realidad. Lo más probable es que quede en manos de estos líderes de las FARC, quienes con este dinero probablemente se convertirán en la clase alta y los hombres de negocios de este país; comprando votos, sacando recursos del Estado con corrupción y haciendo todo lo que han sistemáticamente criticado al Estado colombiano.

Pero también hay otro posible tema que moviliza a estos líderes de las FARC para firmar la paz, y es la posibilidad de venganza frente a sus enemigos, ya sean políticos como el ex Presidente Álvaro Uribe, o militares como fueron los paramilitares. Y es que, sin dar juicios de valor sobre el carácter de estas partes, lo cual no es relevante, la realidad es que no es coherente que las FARC tengan voz y voto sobre esto.

En primer lugar, la Justicia Transicional que se pretende implantar en este país no ha surgido como un resultado de una política de estado para finalizar el conflicto armado, sino como el resultado de un acuerdo con UN solo grupo, las FARC, sin las demás guerrillas colombianas. En este sentido, ese debe ser el alcance de la Justicia Transicional, pero se supone las FARC han impulsado y probablemente demandado incluir la parapolítica en este proceso. La discusión no es si deben ser juzgados, es que el principal oponente y sus acuerdos con el Gobierno no pueden ser los que planteen condiciones al respecto. Un grupo armado no debe tener la potestad de generar las condiciones de justicia para otro grupo armado, ni condicionar los acuerdos con el Gobierno con base en este, por el contrario, todos los acuerdos deben partir de condiciones equitativas para todas las partes armadas, incluyendo el Gobierno. En segundo lugar, ¿esto implica que también se juzgarían los políticos guerrilleros? Esto parece improbable. Además por el simple hecho que entonces iniciaría una cacería de brujas en el Estado.

En tercer lugar, si los líderes de las FARC tienen inmunidad, y pues de esta manera el Presidente Santos también, independientemente de su rol como Ministro de Defensa del ex Presidente Uribe, no hay criterio o base para juzgar a los líderes políticos colombianos, en este caso al ex Presidente, debido a que entonces se podría juzgar a todo su gabinete. Esto no pasará. Pero la medida de la Fiscalía de investigar acciones del ex Presidente previo a su Presidencia plantea unas dudas metodológicas sobre el proceso; y es que la Justicia Transicional parte de la equidad, por lo cual, no pueden haber distintos estándares para diferentes figuras. En caso de que se juzgue, no puede hacerse bajo la justicia ordinaria, debido a que las acciones alegadas se circunscriben al conflicto armado, y por lo tanto, deben ser cobijadas por la Justicia Transicional. En este sentido, el ex Presidente no debería ser juzgado, y si lo es su pena debería ser de 5 a 8 años de estadía en una finca, construyendo casas y escuelas para reparar a sus víctimas. De igual forma, se deberían juzgar a otros líderes políticos colombianos.

Mañana segunda parte…