La semana anterior el país se enteró de la decisión que había adoptado el pasado 11 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al tema de desprotección en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu en el departamento de la Guajira, básicamente por el riesgo en el que se encuentra esta población de menores de edad ante la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, entre otros factores.

En esa fecha, la CIDH decidió solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de este grupo poblacional en los municipios guajiros de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en los que se tenía como nefasto antecedente la muerte de 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años.

Para la citada corporación, la información que al respecto se documentó y radicó ante la CIDH por parte de los solicitantes de las medidas cautelares, demuestra que los miembros de estas comunidades indígenas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y en riesgo. Así las cosas, y siguiendo el Reglamento vigente de la CIDH, esta entidad solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades Wayúu de los municipios antes citados en el departamento de la Guajira.

Entre las medidas cautelares solicitadas, se encuentra la de “asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables”. En otras palabras, la CIDH está manifestando que para los menores de edad de estas comunidades indígenas en La Guajira, no hay servicios de salud disponibles ni suficientes por lo que no tienen acceso a ellos y los servicios que reciben no tienen la calidad requerida.

Sin desconocer que existen dificultades geográficas y culturales que afectan negativamente el acceso a los servicios de salud en La Guajira, si la mayoría de la población colombiana incluyendo la de este departamento, está asegurada a través del sistema de seguridad social en salud, estando la indígena afiliada al régimen subsidiado, ¿qué está pasando con la protección y la atención en salud que debería estar recibiendo esta población específica de las comunidades wayuu de  Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao?

De otra parte, además de las protecciones normativas específicas que existen para las comunidades indígenas en Colombia, los niños en este país, tanto indígenas como no indígenas, cuentan con un abundante arsenal normativo de protección dada sus condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Además, Colombia ratificó los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Constitución Política de 1991 estableció “que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación”.

La CIDH también solicitó como medida cautelar al Estado colombiano tomar medidas inmediatas para que los miembros de este grupo poblacional “puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como de establecer los mecanismos idóneos para la identificación de los casos de desnutrición para una intervención inmediata”.  Ante esta medida específica es mucho lo que deberá adelantar el aparato estatal en esta zona del país, tanto las autoridades nacionales como las de orden territorial, y de manera especial las del sector salud, como quiera que efectivamente la desnutrición es un problema de salud pública.

Si bien desde el nivel nacional se ha diagnosticado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que algunos de los actores territoriales que interviene en la atención integral de esta población no han cumplido con sus roles y obligaciones, los niños siguen muriendo por desnutrición en esta zona del país, habiéndose documentado la muerte de 26 niños, oficialmente, sólo en el 2015 por esta causa.   

Hace sólo unos días Cristina Plazas, directora nacional del ICBF manifestó su inconformismo con las EPS que operan el régimen subsidiado en los municipios de La Guajira pues dentro de las responsabilidades del aseguramiento y protección a la población afiliada está la de realizar una atención de tipo integral a esta población de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la parte nutricional. Por ello manifestó que ante esas irregularidades ya se había denunciado la mala prestación del servicio por parte de las EPS ante la Superintendencia de Salud y ante la Fiscalía.

Es innegable pues que estas medidas cautelares solicitadas a Colombia por parte de la CIDH requerirán de una cooperación articulada de todos y cada uno de los actores que conforman el Sistema Nacional de Bienestar, pero también exige de la participación, colaboración y compromiso de las autoridades indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y los mismos padres para que de manera estructurada y armonizada, trabajen juntos y se logre evitar con la muerte por desnutrición de los niños de La Guajira.

En síntesis, esta solicitud de medidas cautelares por parte de una instancia internacional como es la CIDH al estado colombiano, ratifica que en este país aunque la Constitución y las leyes establezcan una protección integral obligatoria para esta población vulnerable y  que se hayan definido los derechos fundamentales a la población de este país, y que incluso existan leyes estatutarias que definen mecanismos de protección de derechos como la salud, en la práctica, lo que existe por un lado es la confirmación de la continuidad de la existencia de esa mezcla letal de pobreza y enfermedad, y por otro, la persistencia de la violación reiterada y sistemática a los derechos de la salud, la buena nutrición y a la vida misma…¡esa es la realidad de la desprotección de una población constitucionalmente protegida en Colombia!