Este lunes la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) publicó un estudio en el que denunció el alto nivel de impunidad de asesinatos y acciones violencias en contra de la población LGBTI en América, debido a estereotipos y paradigmas que permean el sistema judicial de los Estados. «La inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen sobre las víctimas», reza el estudio.

En este sentido, una de las conclusiones de la Comisión es que esta población no tiene un acceso eficaz a la justicia, ya sea debido al manejo inapropiado de entes estatales en el proceso de denuncia, o el miedo a denunciar como tal. Una de las causas identificadas para esta problemática es el carácter de las investigaciones realizadas por entes estatales, las cuales por sus defectos envían un mensaje de tolerancia a la violencia en contra de la comunidad LGBTI.

Al respecto, la CIDH explica que «cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia».

La Comisión sostiene que no solo existe un alto índice de violencia en contra de esta comunidad, sino que además es invisible, al ser ignorada por los medios de comunicación. Así mismo, resalta que esta situación es reforzada por los Estados, tanto que de 2013 a 2014, las mayoría de las víctimas de abuso policial y de asesinato eran mujeres transexuales y miembros de la comunidad gay. En el círculo privado, las mujeres lesbianas y bisexuales son las más afectadas por violencia intrafamiliar y abuso sexual.

«La mayoría de las mujeres transexuales se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género en la mayoría de los países de la región», sostiene el estudio.