Por  presuntas irregularidades que habrían rodeado su elección en los comicios atípicos que se desarrollaron en noviembre pasado la Fiscalía General de la Nación le imputó este jueves los delitos de fraude al sufragante, fraude procesal, falsedad en documento público y cohecho por dar u ofrecer al actual gobernador del departamento de La Guajira, Wilmer González Brito.

Se asegura que el entonces candidato -por los partidos de La U y Conservador   hizo contacto con  concejales para que entregaran materiales de construcción y mercados a miembros de la comunidad wayúu a cambio que de  votar por él en las elecciones celebradas el pasado 6 de noviembre.

Según el fiscal del caso González Brito destinó recursos económicos para la adquisición de mercados, materiales de construcción y otros ser entregados a través de bienes políticos  a  ciudadanos del municipio de Maicao y sus corregimientos a cambio de votar a su favor», precisó el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia.

Se señala que el día de las elecciones un grupo de camiones fueron contactados para trasladar a grupos de votantes a los diferentes puestos. En la jornada también les entregaron refrigerios.

En la diligencia judicial se presentó la interceptación de llamadas telefónicas en las que el candidato «cuadraba» la entrega de mercados y daba las instrucciones precisas.

«Lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados, porque usted sabe cómo se maneja eso» apartes de la conversación que sostuvo González Brito con la concejal Silbelly Solano, quien también tendrá que responder ante la justicia por estos hechos.

En la conversación se fija la entrega de 10 millones de pesos para contratar los camiones en el que se trasladarían a los votantes. El candidato tuvo control y conocimiento de todos estos hechos, teniendo claridad que estaba incurriendo en actividades ilícitas y que afectaban el «bien jurídico tutelado de la función pública».

El Gobernador Gonzalez  se declaró inocente de los hechos imputados. Debido a la gravedad de los hechos la Fiscalía General le solicitará al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que lo cobije con medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.