Después de que la Fiscalía anunciara que imputaría cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones que llevaron al magnicidio del candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, horas después echó para atrás la decisión.
Inicialmente, el ente acusador informó que el funcionario sería imputado por el delito de prevaricato por omisión, debido a que no atendió las solicitudes de reforzamiento de las medidas de seguridad por el senador del Centro Democrático, lo que habría facilitado el magnicidio ocurrido en la localidad de Fontibón de Bogotá el 7 de junio de 2025..
Pero cuatro horas después de anunciarse la medida contra el director de la UNP, la fiscal a cargo fue notificada de que la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tenía un grupo de tareas especiales.
“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de Investigadores”, señaló en un comunicado.
Añadió que “la fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el “Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”.
“En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”, puntualizó.
En consecuencia, para evitar fiscal posibles vicios en el proceso de investigación, se retira la imputación de cargos radicada ante los juzgados de Paloquemao y compartir o dar traslado a todas las actividades de investigación que desarrolló a ese grupo de tareas especiales para que, en el marco de su competencia, adelante en la indagación y determine la necesidad de citar imputación de cargos al director de la UNP.
El grupo de tareas especiales ha adelantado todas las líneas de investigación por el magnicidio. Son los mismos que han logrado hasta el momento dos sentencias condenatorias y otros dos acuerdos con los principales protagonistas en el asesinato.
Por su parte, el director de la UNP señaló que, en su concepto, tras la imputación de cargos existen presiones políticas y mencionó al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
Dijo que el ministro de Justicia “se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que, desde la Unidad Nacional de Protección, lo tenemos ‘chuzado’ o que manejamos el famoso software Pegasus, cosa que jamás ha tenido relación alguna con la UNP”.
Rodríguez indicó que no duda de que la esposa del ministro (e) Idárraga, quien es funcionaria de la Fiscalía, tenga algo que ver con la imputación que anunció este martes el ente investigador y que fue retirada horas más tarde.
“Su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda ser una de las razones por las cuales este proceso se está llevando de una manera que no es, digamos, normal”, afirmó.
