La Contraloria General de laRepública reveló este lunes que Electricaribe usó indebidamente $78.500 millones de subsidios destinados a 600 mil usuarios de estratos bajos. El dinero, al parecer, habría sido destinado a un objetivo diferente y posiblemente ilegal: disminuir las pérdidas de la compañía.
El organismo de control explicó a través de un comunicado que este hallazgo fue detectado en una auditoria en la que fueron analizadas un “promedio de 800 mil facturas mensuales, expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de $19 millones de facturas revisadas aproximadamente”.
De acuerdo con la CGR, “los $78.500 millones que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES) que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2”.
“Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas”, indicó la Contraloría.
Los $78.500 millones a los que se refiere el órgano de control corresponden al 99% del beneficio FOES, que debieron recibir los usuarios más pobres de los 7 departamentos de la Costa Atlántica.
Mensualmente, de acuerdo con los cálculos de la contraloría, Electricaribe afectó entre el 64% y el 80% de la facturación, porcentaje equivalente a cerca de 600 mil usuarios mensuales.
El contralor general Edgardo Maya Villazón ordenó realizar nuevas acciones de control para investigar vigencias correspondientes a los 5 años anteriores al 2015, pues no es claro desde cuándo la empresa aplica estas prácticas irregulares.
Entretanto ,El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, informó a través de su cuenta en Twitter que desde su administración se buscarán “los medios legales” para representar a las víctimas de Electricaribe, luego de conocerse la utilización indebida que la empresa realizó a los recursos del FOES y que fueron revelados por la Contraloría General de la Nación.
“Buscaremos los medios legales para representar a las #VíctimasdeElectricaribe en el presunto desfalco de Electricaribe“, fue el mensaje que público el mandatario departamental, quien también manifestó que con la utilización de los más de $78.000 millones para la atención de los subsidios, la empresa “afectó a los más pobres de la región Caribe”.
“Electricaribe afectó a los más pobres de la región Caribe. A 600 mil usuarios no les giraron sus subsidios. #VíctimasDeElectricaribe“, dice otro trino el gobernador de Bolívar.
Posteriormente, en declaraciones a medios de comunicación, Turbay Paz aseguró que “de Electricaribe pensábamos que ya habíamos visto todo, pero todavía salen elementos que nos ratifican que esta empresa es lo peor que le ha pasado a la Región Caribe. Además de que no practicó el ejercicio empresarial de la mejor forma, es una empresa que no tuvo en cuenta a los habitantes más pobres. ¿Cómo es posible que los subsidios girados por el Gobierno nacional vayan a cubrir sus propios errores (los de Electricaribe)?”.
El Gobernador también solicitó a los entes de control que, de manera detallada, sean investigados los bienes adquiridos por la empresa Electricaribe durante su período de prestación del servicio en la Costa Caribe.
“Solicitamos que se persigan los bienes de esta empresa para que el detrimento patrimonial sea resarcido. Seguimos molestos e indignados porque esta empresa, aparte de tomar los recursos para lo que no debían, todavía siguen pensando en demandar a todos los colombianos, porque demandar al Estado Colombiano es atropellarnos también a nosotros”, dijo Turbay.
Aunque de acuerdo con el informe de la Contraloría, se hace referencia a las presuntas irregularidades halladas en facturas de los años 2015 y 2016, el gobernador Turbay solicitó que también sean investigados otros períodos facturados.
“Seguramente esa era una práctica común y, seguramente, aparecerían nuevas irregularidades,. Por lo cual le pedimos a la Contraloría, pero también a la Fiscalía, que revise si hay alguna conducta penal que les pueda encajar a ellos en su comportamiento”, destacó el mandatario departamental.
Turbay puntualizó que que si bien la empresa está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se inició la búsqueda de un nuevo operador, esta “tienen que responderle al Estado colombiano por las irregularidades o las conductas punibles que hayan cometido”.