De promotor de impunidad a inconstitucional se ha calificado la reforma al fuero penal militar que fue aprobada por el Congreso de la República.
El descontento se genera en torno a tres ámbitos del nuevo Código Penal militar: la impunidad para hechos o actos cometidos fuera de servicio, la posibilidad de juzgar civiles, y la ampliación del fuero militar como tal hacia competencia de justicia ordinaria.
En este sentido, Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara sostuvo que la aprobación de ley que reestructura la Justicia Penal Militar (ley 1765) presenta un vicio de procedimiento debido a que se presentó finalmente como ley ordinaria con el fin de evitar la categoría de estatutaria, lo cual permite evadir a la Corte Constitucional.
Así mismo, el contenido le permite a la Justicia Penal Militar ampliar su competencia para temas como chuzadas, delitos «contra la población civil y existencia y seguridad del Estado», lo cual implica la posibilidad de juzgar civiles. En otras palabras, en su esencia esto permitiría a la Justicia Penal Militar asumir las competencias de la justicia ordinaria.
Por tal motivo, se radicó una demanda en contra de los artículos del nuevo Código Penal Militar y la ley que reestructura la Justicia Penal Militar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional.
Esta demanda busca declarar inexequible la ampliación de la competencia militar, la capacidad de juzgar civiles, entre otras temáticas. Al respecto, Uribe Muñoz sostuvo que «estamos pidiendo que se declare inexequible juzgar civiles, la reforma introduce que funcionarios civiles del Ministerio de Defensa puedan ser juzgados por la Justicia Penal Militar. Demandamos lo del CTI militar, históricamente la ley ha dicho que los militares no pueden tener funciones de policía judicial, y aquí se crea un CTI de militares».
Así mismo, los congresistas Iván Cepeda Castro, Germán Navas Talero, Ángela María Robledo, Gloria Inés Ramírez, Guillermo Rivera Flores, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas buscan que se declare inconstitucional la ley de ampliación del fuero.
De igual forma, se plantea que esta ley no concuerda con los estándares internacionales e ignoró advertencias del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas de DDHH y de la Corte Penal Internacional. Iván Cepeda, sostuvo que «esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos».
De igual forma, afirmó que estas acciones ignoran la realidad de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales en Colombia, las cuales se caracterizan por una impunidad con una tasa de 98%. Al respecto el congresisto afirmó que «dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas ‘falsos positivos».
