21 niñas menores de 14 años murieron por complicaciones relacionadas con el embarazo entre 2020 y 2025.
Colombia registró 25.081 casos de embarazos infantiles forzados entre 2020 y 2025, mientras que 21 niñas menores de 14 años fallecieron por complicaciones relacionadas con la gestación durante ese mismo periodo. Las cifras fueron divulgadas por la Fundación PLAN en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre
De acuerdo con la organización, el embarazo infantil forzado se presenta cuando una menor de 14 años queda embarazada como consecuencia de violencia sexual. En Colombia, las relaciones sexuales con menores de esa edad cuentan con protección penal especial, debido a que legalmente no se reconoce su capacidad para otorgar consentimiento sexual válido.
Además de los riesgos para la salud física, los embarazos a edades tempranas pueden afectar el bienestar emocional de las niñas, interrumpir su proceso educativo y limitar sus oportunidades de desarrollo, con consecuencias para sus proyectos de vida.
La Fundación PLAN también alertó sobre las uniones y los matrimonios infantiles, tempranos y forzados (MUITF). Según el comunicado de la entidad, cinco de cada 100 niñas y adolescentes en el país viven en este tipo de relaciones, que pueden exponerlas a situaciones de dependencia, violencia y deserción escolar, así como restringir su autonomía.
En materia legislativa, la Ley 2447 de 2025 eliminó el matrimonio infantil en Colombia y estableció la prohibición de contraer matrimonio antes de los 18 años. Sin embargo, la organización señaló que los avances normativos deben complementarse con acciones de prevención, protección y atención que garanticen los derechos de las menores en todo el territorio nacional.
Por otra parte, Colombia expidió en 2026 la Ley 2609, destinada a fortalecer las medidas de prevención, atención y erradicación de la mutilación genital femenina. Pese a estas disposiciones, la Fundación PLAN reportó 98 casos de esta práctica entre 2024 y marzo de 2026, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias institucionales para prevenir las violencias contra niñas y adolescentes
