El registrador alega violación de su buen nombre por los señalamientos de fraude electoral en 2026.

El Consejo de Estado admitió a trámite la acción de tutela que presentó el registrador nacional, Hernán Penagos, contra el expresidente Gustavo Petro por sus declaraciones sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el proceso electoral de 2026.

Con la tutela, Penagos busca proteger sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación, así como el buen nombre de la entidad que dirige. El documento recoge las declaraciones cuestionadas, publicadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro aún ocupaba la Presidencia.

Según el registrador, en ese periodo el entonces mandatario habló de un supuesto fraude electoral y puso en duda el censo electoral, los puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos de la Registraduría.

La tutela agrega que Petro también se refirió a una presunta manipulación de resultados y a una supuesta negativa de la entidad a permitir la auditoría del código fuente. Penagos asegura que solicitó una rectificación, pero que no recibió respuesta dentro del plazo establecido.

Aunque Petro hoy es un ciudadano particular, el Consejo de Estado precisó que las afirmaciones se hicieron en ejercicio de la Presidencia. Por esa razón, consideró que su salida del cargo no modifica el objeto de la discusión.

La corporación advirtió que el caso tiene «importancia jurídica y trascendencia social», pues deberá definir los límites entre la libertad de expresión y el poder-deber de comunicación de quien ejerce la Presidencia. También subrayó que están en juego el buen nombre y la honra, y el derecho de los ciudadanos a recibir «información veraz e imparcial sobre el proceso electoral».

Tras la admisión, Petro tendrá tres días, contados desde la notificación, para ejercer su defensa y presentar un informe sobre los hechos denunciados.

El Alto Tribunal también vinculó al proceso a la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien sobre el caso.

El Consejo de Estado aclaró que admitir la tutela no significa que exista una decisión de fondo sobre las acusaciones.

Vía Api