El camino para adelgazar la administración pasa por el Congreso en medio de varias iniciativas pendientes por debatir.

En febrero de 2003, seis meses después de posesionarse, el presidente Álvaro Uribe firmó 18 decretos que fusionaron seis ministerios y recortaron cerca de 700 cargos públicos. El número pasó de 16 a 13 carteras y la idea era ahorrar alrededor de 23.000 millones de pesos para destinarlos a inversión.

Veintitrés años después, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño con la misma intención, esta vez en medio de una difícil crisis fiscal. En campaña habló de recortar el Estado en un 40%, con el argumento del derroche durante el gobierno Petro. Es una meta que podría ser difícil de cumplir por la rigidez de la estructura estatal.
Pasados dos meses del nuevo Gobierno, la ruta aún no es muy clara. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había dicho recién fue designado que la intención es pasar de 18 a 13 carteras, dentro de una estrategia de reorganización institucional, y ha señalado que reducir la estructura estatal es una de las vías contempladas para generar ahorros en las cuentas públicas.

Las vías para recortar el Estado

Pero las fusiones no se hacen por decreto presidencial: según el artículo 150 de la Constitución, le corresponde al Congreso determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional.

Aunque esa no es la única vía. Para hacer la tarea más fácil, en su momento, a finales de noviembre de 2002, el Congreso aprobó en primer debate un proyecto de ley que facultaba a Uribe para adelantar, en un término de seis meses, el programa de Renovación de la Administración Pública. En diciembre el trámite completo del proyecto ya estaba saldado y por eso en febrero pudo firmar los decretos

Falta ver qué tan rápido se mueve ahora el Congreso, que la semana pasada se tomó una semana de receso, para darle esas mismas facultades extraordinarias al Gobierno actual. Ya hay un proyecto de ley sobre la mesa para ese propósito.

Una agenda apretada

No es la única propuesta. Hay varias iniciativas en el Congreso que, de una u otra forma, buscan recortar el gasto público, restar burocracia y generar ahorro. Otra de ellas propone eliminar las contralorías territoriales.

Y una tercera es la Ley de Competitividad, un proyecto de ley ordinaria presentado por el Gobierno Nacional apenas una semana después del cambio de gobierno, cuyo objetivo principal es eliminar la burocracia, simplificar trámites administrativos y reducir costos para empresas y emprendedores, con un enfoque prioritario en las Mipymes.

Todo esto está pendiente de debatir, mientras corren los tiempos para aprobar en plenarias el presupuesto general del 2027, que tiene como plazo máximo el 20 de octubre.

Además, justamente esta semana, el Gobierno radicó ante el Congreso una solicitud con mensaje de urgencia que pide adicionar $2,7 billones al Presupuesto de 2026, el que se ejecuta actualmente.

La iniciativa busca destinar esos recursos exclusivamente a atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, y autoriza además un traslado presupuestal de $1,2 billones para mitigar los riesgos del sector eléctrico ante la llegada del fenómeno de El Niño.

“Superpoder” para el presidente por 6 meses

El proyecto que busca otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para eliminar, fusionar o modificar ministerios y entidades durante seis meses fue radicado hace casi un mes, pero su trámite en el Congreso no ha mostrado mayores avances. La iniciativa es impulsada por el Centro Democrático y la lideran los congresistas Julia Correa y Juan Caicedo.

Según Correa, estas facultades no podrían utilizarse para aumentar los gastos de funcionamiento del Estado. La congresista defiende la propuesta con el argumento de que la eficiencia estatal debe comenzar por un recorte de esos recursos. “Si de verdad queremos un Estado más eficiente, hay que empezar por reducir gastos de funcionamiento”, afirmó. Como ejemplo, señaló al Ministerio de Igualdad, que, según sus cuentas, costó $2 billones y “tuvo una ejecución pésima”.

Caicedo puso una cifra sobre la mesa: la meta es lograr ahorros de al menos el 2% del PIB, equivalentes a unos $42 billones. Según los promotores del proyecto, esos recursos permitirían reducir impuestos y aumentar la inversión en infraestructura, programas sociales y educación.

Ley antitrámites busca hacer el Estado más ágil

La Ley de Competitividad, radicada por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, no suprime cargos, pero busca eliminar el costo de trámites repetidos. Su punto de partida es que si el Estado tiene un documento, no puede pedirlo otra vez. El representante y ponente de la iniciativa Mauricio Toro explica el problema así: hoy “el mismo documento que le pide un ministerio y luego le pide una secretaría departamental y luego una municipal, el empresario lo tiene que presentar en las tres”.

Con ventanillas únicas y entidades que compartan información, ese papel se entregaría una sola vez. Según Toro, eso ahorra tiempo a las empresas, que hoy gastan en promedio 5.650 horas en trámites innecesarios y reduce la gente que el Estado pone a revisar archivos.

Otras medidas van en la misma línea: un solo requerimiento por trámite, escrituras notariales digitales y silencio administrativo positivo, es decir, que el trámite se dé por aprobado si la autoridad no responde a tiempo. Fue radicada su ponencia positiva para primer debate en las Comisiones VI conjuntas, que sería esta semana.

Proponen eliminar contralorías territoriales

Entre las propuestas está la del senador Hernán Cadavid (Centro Democrático), quien prepara un proyecto de acto legislativo que eliminaría las contralorías territoriales y trasladaría sus funciones a la Contraloría General de la República. Hoy hay 67 (32 departamentales, 30 municipales y 4 distritales) y, según el senador, siguen creciendo.

Su argumento es que las contralorías territoriales duplican funciones, cuestan dinero y no siempre son eficaces. Dice que lo propone “para que de verdad los recursos de los colombianos sean protegidos y estos instrumentos territoriales no terminen convertidos o en una trinchera burocrática o en una trinchera de persecución política”.

La propuesta no es nueva; en 2025, Cadavid había presentado, junto con otros parlamentarios, otro acto legislativo en ese sentido, pero fue archivado al terminar la legislatura. La pregunta que tendrá que resolver el Congreso es si la eliminación genera un ahorro real y cómo se controlarían los recursos que manejan los departamentos, los municipios los y distritos.