Los colosos del mundo han acordado que a partir de 2020 transferirán 100 mil millones de dólares a aquellos países que tienen más comprometido su futuro con el cambio climático y de paso ponen en riesgo al resto del globo terráqueo.

Ayer domingo comenzó en París la reunión ministerial preparatoria de la Cumbre Mundial de Presidentes sobre clima. Por lo pronto, hasta mañana martes esta avanzada de Ministros de Medio Ambiente o Energía busca preparar el camino hacia el esperado acuerdo global de diciembre, capaz de frenar unos días más catastróficos para el planeta.

¿Y qué hacemos en Colombia? Poco. Muchos ruidos y pocas nueces. Discursos bien nutridos de palabras, pero un poder Ejecutivo parco, que se contradice entre sí y tiene muy poco que mostrar en la práctica. El legislativo cumple con lo que le corresponde, hacer las leyes. Sin embargo, las reglamentaciones que debe expedir el gobierno se quedan en letra muerta.

Es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la ley 1715 de mayo 13 de 2014, conocida como la ley de energías limpias. Es de mi autoría y llenó todos los requisitos constitucionales y legales para su aprobación. En un año debía ser reglamentada, pero el plazo venció hace varios meses. De manera inexplicable.

El Presidente Santos está con una agenda hasta el tope con los asuntos de la paz, pero en la Casa de Nariño opera un ejército de funcionarios y asesores que está para agilizar todos los asuntos de Estado de tal manera que el mandatario solo da el toque final para refrendar lo que los expertos diseñan. Pero nada.

El Ministro de Minas y Energía, Tomás González, parece muy conciliador, receptor, busca las explicaciones pertinentes y asiste a las reuniones que se le invitan, lo cual es loable. No obstante, las situaciones se mantienen en el mismo punto. Los viceministros tampoco avanzan y de ahí para abajo, mucho menos que menos mejora el panorama.

Para colmo de males la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, cuyo nombre da la impresión de ser el órgano que todo lo resuelve con la jerarquía del caso, termina siendo cuna de múltiples decepciones.

La Creg requiere una alta dosis de sulfato ferroso para superar la anemia que padece, problema que tal vez es el responsable del desánimo que la embarga a la hora de regular y favorecer a los menos protegidos.

La abulia (del griego clásico αβουλία que traduce No Voluntad) que evidencia la Creg, ya nos está causando diversos problemas.

El tema del precio del gas natural, a pesar de circunstancias mundiales que obligan a variar criterios que tercamente se siguen aplicando, pone a los sectores productivos y residenciales, a la inversión y a la competitividad en serios problemas en la Costa Caribe, por ejemplo.

La vulnerabilidad del sistema eléctrico, más allá de la facilista percepción de que todo obedece a un periodo de sequía, tiene su base en las imprevisiones de las autoridades eléctricas, la complacencia con los carteles del agua y las mafias de la hidroelectricidad. Es responsabilidad de un secular modelo centralista del sector eléctrico, frente al cual nada raro sería que tomara la excusa de la sequía para manipular llaves y compuertas con el objetivo de cerrar el mercado a sus propios intereses.

Una de las conclusiones es que el Ministerio y la Creg parecen estar de acuerdo con que el país le dé y le siga dando la espalda a las denominadas energías limpias. Que su reglamentación no sirva para dañarles el negocio a los hidroeléctricos y otros grupos, lo cual a todas luces es inadmisible e inaceptable. Esperamos que el Presidente Santos en medio de su apretada agenda, también abra un espacio para pacificar las aguas del sistema eléctrico que desde hace tiempo se han vuelto turbulentas.