Un juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata de la exconsejera presidencial para las regiones.
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quedó en libertad este lunes 11 de mayo por vencimiento de términos dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue tomada por el Juzgado 35 de control de garantías, que avaló los argumentos presentados por la defensa de la exfuncionaria, la cual sostuvo que, tras más de 400 días desde la radicación del escrito de acusación, aún no había iniciado formalmente la etapa de juicio.
Durante la audiencia, el juez concluyó que el tiempo procesal superó ampliamente los límites establecidos en la ley y rechazó los señalamientos de la Fiscalía General sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la procesada.
“En efecto, el término está ampliamente superado conforme a las observaciones hechas por este operador judicial; en consecuencia, el juzgado accede positivamente a las pretensiones de la defensa y ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Ortiz”, señaló el despacho judicial.
Ortiz permanecía privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía.
La Fiscalía General la acusó por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, dentro de las investigaciones relacionadas con presuntos sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Según el ente acusador, la exfuncionaria habría participado en la coordinación del traslado de dinero en efectivo destinado presuntamente a garantizar apoyo político a proyectos del Gobierno nacional en el Congreso.
La investigación también involucra al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien habría colaborado en la movilización de los recursos desde Residencias Tequendama hacia los domicilios de los congresistas.
En días recientes, Sandra Ortiz aseguró ante el juzgado que la Fiscalía ha obstaculizado la obtención de pruebas documentales, testimoniales y técnicas clave para su defensa.
Además, está pendiente la resolución de una recusación presentada por su equipo jurídico contra la jueza especializada de Bogotá que adelanta el proceso, argumentando supuestas falta de garantías
