El proyecto de acto legislativo deberá ser conciliado con el Senado antes del 16 de diciembre. Si no hay un texto conciliado para esa fecha, el proyecto se hunde por falta de trámite.

La aprobación del último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) es una de las victorias más importantes que ha tenido el Gobierno en el Congreso. Inclusive el proyecto, que demoró más de un año en su trámite legislativo, generó en su momento diferencias en el propio gabinete del presidente Gustavo Petro, entre el Ministerio de Hacienda y el del Interior.

Tras más de 11 horas de debate, sobre las 11:30 de la noche del lunes 2 de diciembre, con 124 votos a favor y dos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes en su octavo y último debate el mecanismo que busca la descentralización de los recursos para las regiones.

El proyecto ahora pasará a conciliación con el Senado como parte de su trámite para convertirse en ley. Sin embargo, la norma entrará en vigencia a partir de 2027 por un periodo de máximo 12 años, es decir, hasta 2038, aunque es importante decir que está condicionada a la ley de competencias que debe ser presentada, discutida y aprobada entre 2025 y 2026.

De hecho, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo recalcó que “la noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”.

Ahora la enmienda constitucional debe pasar a conciliación de las dos cámaras del Congreso, lo cual debe ocurrir antes del próximo 16 de diciembre, cuando se cierran las sesiones ordinarias del primer periodo legislativo de la tercera legislatura del actual Parlamento, y posteriormente a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Vale mencionar que esta reforma no puede ser discutida en sesiones extraordinarias, por lo que si no hay un texto conciliado para esa fecha, el proyecto se hunde por falta de trámite.

¿De qué se trata la Ley de Competencias?

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la Ley de Competencias asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales. Con este acto legislativo, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.

Para ello, el Ministerio del Interior ha propuesto que se disponga una mesa técnica con la mayor cantidad de voces posibles y el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

Sin embargo, esta Ley de Competencias se convirtió en un punto de desacuerdo entre varios sectores políticos.

La representante Katherine Miranda señaló que “el presupuesto para el próximo año será de 523 billones de pesos ¿y saben en cuánto va a ser inflexible? En un 91 por ciento. Y nos echan el cuento de que van a generar una ley de competencias. ¿Saben cuáles son las competencias que le van a terminar transfiriendo a los territorios? Que terminen pagando la deuda externa, pensiones, defensa y seguridad, eso es lo que van a transferir, porque si no se necesitarían 9 reformas tributarias”.

Por su parte, el congresista del Centro Democrático Andrés Forero advirtió que “se deben hacer las mayores claridades sobre la Ley de competencias. Las explicaciones deben venir del Gobierno nacional que es de donde se va a generar el giro de las transferencias”.

Vale mencionar que una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.

De todas maneras, el proyecto también ha tenido voces a favor y en contra: la cartera política, los alcaldes y gobernadores y varios líderes regionales han dicho que se trata de una promesa incumplida de la Constitución del 91, que ordenó la descentralización en el país desde hace tres décadas, para superar las brechas en los territorios; mientras que algunos gremios, exministros y centros de pensamiento económicos ven riesgos en las finanzas públicas a futuro.