Ambos exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe fueron procesados durante más de 15 años por un presunto plan de desprestigio a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Tras un largo proceso judicial, que se extendió por más de 15 años, este martes se conoció que una sala de nueve conjueces declaró culpables a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo –dos exaltos funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez–, por el caso de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia en 2007.
Según información conocida por el periodista Daniel Coronell, de la emisora W Radio, ambos exfuncionarios fueron condenados a 63 meses de prisión –más de cinco años de cárcel–, por el delito de concierto para delinquir.
El proceso judicial tiene como origen el espionaje ilegal, a través de ‘chuzadas’ telefónicas, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del Gobierno.
Edmundo del Castillo era para la época de los hechos secretario jurídico de la Presidencia de la República, mientras que César Mauricio Velásquez se desempeñaba como secretario de prensa en el segundo periodo del Gobierno de Uribe.
Según la Fiscalía, Velásquez y Castillo utilizaron al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para realizar labores de inteligencia con propósitos distintos a los fijados en las normas vigentes para la época.
Esto como lo hicieron la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Bernado Moreno, quienes ya fueron condenados por estos hechos. Todo esto lo sustentó el delegado del ente acusador en las declaraciones de los exfuncionarios del DAS, Fernando Alonso Tavares, Jorge Alberto Lagos, Gustavo Sierra Prieto, Fabio Duarte, entre otros.
n estos testimonios se reveló, de acuerdo con el ente acusador: “los actos, reuniones, los medios empleados, la información utilizada, las personas, los lugares, la estrategia y los objetivos dirigidos a atentar la imagen y legitimidad de magistrados principales y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y de la excongresista Yidis Medina”.
Agregó el ente acusador que la ilegalidad de estas acciones no se pueden ver como hechos aislados y desconectados unos de otros, pues estos obedecieron a un plan criminal: “orquestado por altos funcionarios del poder ejecutivo en el que participaron otras entidades públicas. Esto bajo el entendido que el DAPRE dependía directamente de la Presidencia, instancia de la cual recibía las órdenes sobre sus derroteros a seguir”.
Para el ente acusador los dos exfuncionarios “estuvieron al tanto de recopilar información privada de los magistrados, una actuación que no podía estar a cargo de ellos porque para ese entonces, la única entidad que podía investigar era la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”, señala la Fiscalía.
Si bien inicialmente un juez penal del circuito determinó la prescripción de algunos de los delitos y absolvió a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, luego el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a 63 meses de prisión por concierto para delinquir.
Ante los fallos contrarios en ambas instancias, fue necesario que la Corte Suprema de Justicia decidiera. Sin embargo, sus magistrados fueron recusados, por lo que fue necesario que una sala de conjueces determinara la última palabra.
