Ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conminar al Congreso a enviar al presidente de la República el proyecto sobre las 16 circunscripciones de paz para su promulgación, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, aseguró que “es una flagrante violación del principio de separación entre las ramas del poder”.

Lara anunció que “no firmaré la norma en cuestión para su envió a promulgación del presidente de la República. La actual dignidad que ejerzo exige de mi parte la defensa de la separación de poderes sin la cual no puede existir la democracia”.

El presidente reiteró que la iniciativa en el Senado de la República no obtuvo los votos necesarios para su aprobación tal como lo estableció la mesa directiva de esa corporación. “Así́ lo manifestó́ el presidente Cepeda a quien le corresponde dar fe del trámite legislativo e interpretar y aplicar el reglamento del Congreso”, agregó. Y solicitó la apelación del fallo.

Para Lara es inexplicable que se pretenda, por la vía de una acción de cumplimento, la aplicación de una norma que no existe porque nunca ha entrado en la vida jurídica.

“La acción de cumplimiento está concebida para la aplicación por parte de las autoridades de normas que han sido sancionadas y promulgadas y que por ende existen y se presumen legales”, explicó.

Agregó que “el proyecto de ley sobre las 16 circunscripciones se quedó en eso: en un mero proyecto, que no hubo de convertirse en ley porque no alcanzó la mayoría requerida y, naturalmente, por la falta de sanción por parte de las mesas directivas de Senado y Cámara”.

En ese sentido, el presidente dijo que esta decisión judicial dejó de ser, por su contenido y su propósito, un asunto jurídico para pasar a convertirse en un asunto político. “El día de mañana, con este precedente cualquier juez podrá decidir qué proyectos deben ir a una conciliación y cuáles no, o simplemente determinar qué normas han de ser aprobadas o negadas”

“Los jueces de la República tienen como misión la aplicación de la ley, no inmiscuirse en la soberanía parlamentaria. La producción normativa es una competencia de naturaleza política, no administrativa, lo cual la exime del control de legalidad que ejercen los jueces”, indicó.

Finalmente, aseguró que el ministro del Interior no puede pretender lograr por otros medios lo que no ha conseguido democráticamente en las votaciones del Congreso. Los funcionarios son agentes pasajeros, las instituciones permanecen en el tiempo”.