La crisis de tráfico de influencias continúa en la Corte Constitucional. El magistrado Pretelt fue denunciado por el ex magistrado Mauricio González debido a que supuestamente solicitó pagos para favorecer una tutela de la empresa Fidupetrol en la Corte. La Fiscalía por su parte está pendiente de imputarle cargos al ex magistrado Rodrigo Escobar (lo cual se aplazó por solicitud de su abogado) y ya imputó cargos al máximo accionista de Fidupetrol, Herbert Otero, y al abogado Victor Pachecho. El último realizó una negociación y recibió dos años de prisión domiciliaria frente a convertirse en testigo en contra de los investigados.

La Comisión de Acusación estudió y aprobó el estudio presentado por el representante Julián Bedoya con 9 votos. Con base en esto, la plenaria de la Cámara procederá a estudiarlo y determinar si la acusación prosigue.