Por Lola Portela
Este plazo vencía hoy 8 de junio, pero antes de que se cumplieran los 60 días reglamentarios para que Estados Unidos formalizara la solicitud de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, las autoridades colombianas recibieron la documentación para continuar con el trámite.
Ahora la Cancillería compartirá la información con los ministerios competentes y con la Fiscalía, después se trasladará la petición a la Corte Suprema de Justicia y de aprobarse allí, el Presidente de la República tiene la última palabra, esto después de que el Congreso ya precisó y le cortó la competencia de la Justicia Especial para la Paz, JEP, en lo referente al tema de extradición.
El gobierno nacional tiene cinco días para examinar la información enviada por Estados Unidos. Una vez la estudie deberá remitirla a la Jurisdicción Especial para la Paz, sólo para que se conceptúe lo concerniente a que los hechos, motivo de la solicitud de extradición, ocurrieron después de la fecha del Acuerdo y el pacto de no más delitos, incluyendo el narcotráfico, por parte de la guerrilla de las Farc.
Para el Congreso es claro que la JEP sólo debe restringirse a evaluar si la fecha en la que se cometieron los delitos de narcotráfico fueron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.
Dado el corto tiempo que le queda a este Congreso y al Presidente Santos es posible que sea el nuevo Congreso que inicia el 20 de julio y el presidente electo quienes continúen con este primer proceso de extradición en el marco de una polémica implementación de proceso de paz. Ya que aún avanza en el Congreso la ley de procedimiento de la JEP, que debe establecer las reglas de funcionamiento de este organismo llamado JEP y como veo las cosas, puede quedar pendiente. Amanecerá y veremos qué sucede…
