El Gobierno de Maduro buscaba sacar provecho del tiempo que le queda a la Asamblea actual, la cual controla, y precisamente fue lo que hizo.

Después de las elecciones que le dieron el triunfo a la oposición en el poder legislativo, la Asamblea oficialista aprobó una ley de transferencia de propiedad de los canales de TV y radio de la institución, criticados por beneficiar al partido oficialista, a los trabajadores. Supuestamente la medida tiene como fin «proteger [a la institución] de la arremetida fascista» de la oposición.  de la oposición.

Mientras, Maduro designó a Susana Barreiros, precisamente la juez que encarceló al opositor Leopoldo López, como Defensora Pública General de Venezuela, cuyo objetivo es «prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica».

Así mismo, se pretende designar rápidamente a los 18 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asegurar el control oficialista en la rama judicial.

Aunado a este panorama, este martes, en la última sesión de la Asamblea, se instaló, en cabeza de Diosdado Cabello, un Parlamento Comunal Nacional. “Estos espacios, este salón protocolar, quedan a orden del Parlamento Comunal Nacional. Pueden reunirse los días que quieran, las veces que quieren”, anunció Cabello.

Si bien la figura está contemplada en la legislación nunca ha sido utilizada, hasta que perdió el régimen gobernante las elecciones.  «El poder más importante que hay es el poder de las comunas, no hay otra forma de organización (…) En las comunas y los consejos comunales debe haber revolucionarios y revolucionarias, esto no puede ser un instrumento de la contrarrevolución», afirmó.

Claramente se trata de otra medida para meterle un gol a la oposición y al país, y poder tomar decisiones dejando de lado la nueva Asamblea.