Crisis de salud en Colombia: piden a la Corte declarar estado de cosas inconstitucionales.
La crisis del sistema de salud colombiano volvió a encender las alarmas luego de que la Asociación Pacientes Colombia solicitara a la Corte Constitucional declarar un estado de cosas inconstitucionales ante el deterioro de la atención médica, el aumento de las barreras de acceso y el crecimiento de las muertes evitables en el país.
El pronunciamiento se produjo tras las recientes advertencias de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera y operativa de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
El ente de control concluyó que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han logrado estabilizar el sistema y, por el contrario, en la mayoría de los casos las deudas y los indicadores negativos aumentaron después de las intervenciones.
Denis Silva, representante de la Asociación Pacientes Colombia y vocero de personas con enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas, aseguró que el país atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de salud pública.
“El deterioro en la prestación de los servicios, el aumento de muertes evitables y la cantidad de pacientes que diariamente deben salir a buscar medicamentos, autorizaciones y tratamientos reflejan un colapso humanitario”, afirmó Silva.
El dirigente señaló que las muertes evitables corresponden a pacientes que no fallecen por la gravedad de sus patologías sino por fallas en la atención, retrasos en tratamientos, falta de medicamentos o ausencia de procedimientos médicos oportunos.
Según Silva, la dimensión del problema ya superó la capacidad de respuesta institucional y requiere la intervención urgente de la Corte Constitucional mediante una declaratoria que obligue al Estado a tomar medidas estructurales para garantizar el derecho fundamental a la salud.
Las declaraciones coinciden con el más reciente balance de la Contraloría General, que evidenció un deterioro financiero en varias EPS intervenidas.
El organismo de control advirtió que entidades como Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Emssanar, SOS, Asmet Salud y Capresoca presentan un agravamiento de sus pasivos y dificultades para garantizar la continuidad de la atención médica.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sostuvo que las intervenciones no han conseguido revertir la crisis financiera ni mejorar la calidad de la atención a los usuarios. Incluso afirmó que el panorama actual es más grave que antes de las medidas adoptadas.
“Las intervenciones han agravado los problemas del sistema”, señaló el funcionario, quien además reveló que de las nueve EPS intervenidas en 2025 únicamente Sanitas presentó mejoras en algunos indicadores de cumplimiento.
Rodríguez resumió la situación con una frase que generó amplio debate: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”.
Uno de los aspectos que más preocupa a la Contraloría es el incremento de las quejas y reclamaciones de los usuarios.
De acuerdo con el organismo, durante 2025 el sistema de salud superó los dos millones de peticiones, quejas y reclamos, lo que representa un aumento del 27,4 % frente al año anterior.
Las denuncias más frecuentes están relacionadas con la falta de entrega de medicamentos, retrasos en citas médicas, demoras en cirugías y suspensión de tratamientos.
El informe también alertó sobre el bajo cumplimiento de fallos judiciales emitidos para proteger a los pacientes. En algunos casos, las EPS intervenidas incumplen decisiones de tutela pese a las órdenes de los jueces. Emssanar, por ejemplo, apenas alcanzó un nivel de cumplimiento cercano al 4,5 %, según la Contraloría.
La situación más delicada sigue concentrándose en Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados.
La Contraloría advirtió que la entidad aún no ha presentado estados financieros correspondientes a 2024 y 2025, lo que impide verificar la realidad de sus cuentas y el manejo de los recursos públicos.
Además, el ente de control identificó inconsistencias multimillonarias en reservas técnicas y anticipos pendientes de legalizar.
El organismo fiscal también ha advertido sobre la magnitud de la deuda acumulada en el sistema.
Un informe divulgado en 2025 señaló que las EPS registran obligaciones cercanas a los 32,9 billones de pesos con clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos.
La Contraloría indicó además que únicamente seis de las 29 EPS activas en Colombia cumplen plenamente las condiciones financieras exigidas por la normativa vigente.
Para organizaciones de pacientes, el impacto de esta crisis se refleja diariamente en hospitales colapsados, usuarios haciendo filas durante horas para reclamar medicamentos y personas con enfermedades graves que deben acudir a acciones judiciales para recibir atención.
Pacientes Colombia insistió en que la Corte Constitucional ya ha intervenido en ocasiones anteriores frente a fallas estructurales del sistema de salud y considera que el escenario actual amerita una nueva decisión de fondo.
La petición busca que el alto tribunal reconozca oficialmente que existe una vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales, obligando al Estado a adoptar acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la prestación efectiva de los servicios médicos.
Mientras tanto, persiste el debate nacional sobre el futuro del sistema de salud y el impacto de las intervenciones gubernamentales en las EPS, en medio de un panorama marcado por el incremento de las deudas, las dificultades de acceso y el deterioro progresivo de la atención a millones de colombianos
