El Presidente Santos ha dado otro importante gesto de «buena fe» y de voluntad a las FARC para acelerar las negociaciones de La Habana. Este se suma a los 30 indultos a miembros de las FARC encarcelados bajo cargos de rebelión y el congelamiento de la extradición de Eduardo Cabrera, alias el Cura.
Este nuevo gesto estaba ya cantado por el Presidente en la entrevista que realizó en BBC en días pasados, cuando dijo que para asegurar las negociaciones de paz no iba a extraditar a guerrilleros, aclarando que EE.UU. había apoyado siempre el proceso y lo entenderían (ver Entrevista de Santos en BBC, ¿una estrategia de presión?).

Cumpliendo con esta promesa, el mandatario colombiano negó la extradición de alias Misael, Juan Vicente Carvajal Isidro, requerido por narcotráfico por una corte en Nueva York. Este guerrillero se desempeñó como líder de finanzas de las FARC en el bloque 10 de la organización, ubicado en Arauca. Parece ser que alias Misael tenía claros nexos con el tráfico de estupefacientes, recolectando impuestos de productores de cocaína.

Esta negativa resulta a pesar de que inicialmente el Presidente había aprobado su extradición, el 22 de octubre, una vez el guerrillero pagara la pena correspondiente en la justicia colombiana por cargos de rebelión. Sin embargo, el abogado de alias ‘Misael’ interpuso un recurso de reposición para contrarrestar esta decisión debido a que en su perspectiva, no tiene sentido se extraditen guerrilleros si se logra un acuerdo de paz.

El Presidente consideró que este recurso era lógico bajo el contexto de un posible acuerdo de paz, por lo cual promulga la resolución ejecutiva 259 del 2015 en la cual se enfatiza “se replantee la decisión que en su momento adoptó el Gobierno en la que concedió la extradición”.

En este documento se resalta que “en casos como el presente en el que el ciudadano requerido ha sido condenado por delitos políticos en su condición de militante de las Farc, grupo armado al margen de la ley con el que se está negociando un proceso de paz en el que si bien no es posible determinar con certeza la fecha, ni las condiciones finales en las que se implementarán la totalidad de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, hacen que en esta oportunidad se replantee la decisión que en su momento adoptó el Gobierno en la que concedió la extradición”.

Agrega que “las normas constitucionales que autorizan al Gobierno a dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano y la facultad discrecional que le otorga la ley en materia de extradición le permiten a su vez evaluar las conveniencias nacionales y adoptar, de manera discrecional, las decisiones políticas que considere oportunas para alcanzar los fines señalados en la Carta Política”.