La Fiscalía General realizó, de nuevo, una audiencia de imputación de cargos en contra del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno en la investigación por el llamado cartel de la toga.

Según explicó el fiscal del caso Jaime Camacho, se tratan de hechos ocurridos cuando Moreno ejercía su profesión de abogado.

Le fueron imputados los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada.

El abogado Pedro Aguilar León, defensor de Luis Gustavo Moreno, explicó que su cliente no aceptó los delitos mencionados por la Fiscalía en razón a que busca un principio de oportunidad con el ente investigador en ese proceso penal.

El exfiscal anticorrupción asistió a la diligencia judicial que se desarrolló en los juzgados de Paloquemao de Bogotá y llegó fuertemente custodiado.

El fiscal Jaime Camacho explicó que entre los años 2012 – 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron hechos de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de los abogados Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y del magistrado Gustavo Malo, quienes pedían distintas sumas de dinero a personalidades con procesos en la Corte Suprema de Justicia.

“Álvaro Ashton pagó 1.200 millones de pesos para que la organización dedicada a cometer delitos le ayudara a dilatar un proceso en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Caso similar fue el de Musa Besaile, exsenador de la República y quién pagó 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura”, señaló.

El fiscal añadió que “al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien tenía 10 investigaciones penales por presunta corrupción, debió pagar varias sumas de dinero por medio de acuerdos con el exmagistrado Ricaurte a cambio de que se le archivaran los procesos”

“La representante a la Cámara Argenis Velásquez y el exsenador Segundo Gnecco también entregaron dinero a la organización delictiva de la cual participaba Luis Gustavo Moreno, para concretar el desvío de las investigaciones que en contra de cada uno se llevaban a cabo en la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.

Finalmente precisó que “uno de los casos más sonados fue el de Alberto Velásquez, exasesor de Presidencia de la República, y quien pagó 300 millones de pesos para que se le diera aviso de una posible captura en su contra en el año 2015 y que se le informara constantemente de las investigaciones en su contra por la conocida yidispolítica“.

Via la FM