Se han revelado procesos exprés y documentos internos despiertan dudas sobre la compra de estos equipos.

La Fiscalía General de la Nación firmó un contrato por cerca de $690 millones en diciembre de 2022 para adquirir un sistema táctico de extracción y análisis de información móvil conocido como CIBER-CASE. Loquellama la atención no es solo el monto, sino la velocidad del proceso, ya que se completó, desde la publicación hasta el cierre y adjudicación, en apenas 19 días, bajo la modalidad de contratación directa, sustentada en una cuestionada exclusividad tecnológica.

Con esta jugada, las autoridades contrataron el denominado “maletín espía”, que consiste en un hardware que integra varios teléfonos móviles dentro de una caja rígida, operados mediante una aplicación comercial llamada G-NetTrack Pro, un software disponible en la tienda de Google por apenas $55.000, que permite visualizar celdas de telefonía de 2G a 5G sin requerir equipos especializados.

Y es que, a pesar de su sencillez, el dispositivo fue presentado como tecnología táctica exclusiva, clave para investigaciones de alto nivel, pese a que al parecer no se cumplían los requisitos para ello, según explicaron , varias fuentes cercanas a su operación en labores de inteligencia.

El tema comenzó en 2020 cuando José Eliécer Mora, funcionario de la Fiscalía desde 2018, patentó el famoso maletín, lo cual plantea un eventual conflicto de interés, porque su invento terminó haciendo parte del combo que compró la entidad donde trabaja. Mora figura como inventor del maletín y luego cedió la patente a dos particulares, identificados como Wilson Mora y Leonardo Salcedo.

La apoderada de Mora ante la Superintendencia de Industria y Comercio utilizó un correo institucional de la propia SIC para registrar la patente. Posteriormente, Leonardo Salcedo creó F4RNETCELL SAS, empresa con apenas $30 millones de capital, la cual terminó recibiendo los derechos sobre el maletín. Estos movimientos abrieron la puerta a un circuito privado de explotación tecnológica ajeno a la institución donde nació la invención.

La clave en todo esto se despliega en marzo de 2021, cuando F4RNETCELL firmó un acuerdo con CIBER-TEC SAS, empresa de Franklin Herrera Suárez, otorgándole la representación y distribución exclusiva del hardware.

Meses después, Herrera registró de manera independiente un software para hacer rastreos de telefonía móvil y con ello, configuró un producto integrado que bautizó como CIBER-CASE, presentado ante el Estado como una solución única y sin competencia en el mercado.

La Fiscalía justificó la contratación directa afirmando que CIBER-TEC poseía la propiedad industrial del sistema completo. Sin embargo, los documentos internos, en poder de este medio, muestran que la exclusividad alegada recaía únicamente sobre el software registrado por Herrera, porque en torno al hardware, es decir, el maletín, tenía apenas un contrato de representación comercial.

La entidad incluso reconoció que el hardware “podía encontrarse en condiciones similares en el mercado”, lo que plantea que, en vez de convocar una licitación pública, la Fiscalía le entregó a dedo el contrato a Franklin Herrera. De hecho, el estudio previo del contrato reconoce que, si bien el empresario no es dueño del maletín, curiosamente el artefacto solo funciona con el software que él registró.

Un dato no menor es que la oferta comercial presentada por CIBER-TEC, la firma de Herrera Suárez incluye fotografías idénticas a las registradas por F4RNETCELL en la patente del hardware; lo que confirma que el contratista no era dueño del componente físico que ofreció, sino que armó un combo, compuesto por un hardware ajeno -en este caso el maletín inventado por un funcionario de la Fiscalía- y un software de su propiedad, y lo ofreció como un producto exclusivo.

Portafolio conversó con fuentes expertas en la materia, quienes explicaron que actualmente en el mercado hay alternativas que ofrecen un mayor rendimiento y por un precio que llega a ser el algunos casos, hasta $150 millones menor. Así mismo, manifestaron que podría compararse con una especie de “maletín espía de Temu”, haciendo referencia a lo complejo que puede llegar a ser operarlo, sin tener un mayor rendimiento para lo que se necesita.

Lo más grave en todo esto es que la entidad le entregó el contrato a dedo en apenas diez días calendario, plazo que resulta insuficiente para adquirir, instalar y probar un sistema táctico de extracción de señales móviles; por lo que este cronograma acelerado, sumado a la débil justificación de exclusividad, ha llevado a expertos a señalar el riesgo de direccionamiento y falta de transparencia en la decisión final.

Franklin Herrera Suárez pasó de tener pequeños contratos como auditor forense con la Dirección de Reclutamiento del Ejército, entre 2016 y 2019, por montos de entre $14 y $55 millones, a convertirse en contratista consentido de la Fiscalía; su salto repentino a contratos de cientos de millones con la Fiscalía no se explica por experiencia previa ni por su robustez empresarial.

Además Franklin Herrera fue relacionado con el secuestro en Bogotá del político ecuatoriano Fernando Balda, un proceso que provocó el llamamiento a juicio del expresidente de ese país, Rafael Correa. Documentos judiciales ecuatorianos indican que Herrera era cercano a Balda y al parecer colaboró con los agentes de inteligencia ecuatorianos que ejecutaron el secuestro, al proporcionar la dirección exacta donde pudieron interceptarlo y tras el plagio, según los expedientes, huyó del lugar.

En Colombia, Franklin Herrera ha estado vinculado a investigaciones por violación ilícita de comunicaciones y hurto por medios informáticos, algunos de ellos junto a Balda, y enfrenta actualmente otra denuncia por presunto lavado de activos ante la Fiscalía 99 Especializada.

Es así como, la adquisición de un sistema no exclusivo, con propiedad industrial fragmentada entre dos empresas y con un contratista con antecedentes judiciales de alto riesgo, plantea inquietudes sobre la integridad de los procesos de investigación que dependen de estos equipos; mientras que la estructura técnica del CIBER-CASE, sumada a las inconsistencias en su contratación, abre preguntas sobre la confiabilidad de la información que pueda producir y el nivel de dependencia operativa en proveedores no verificados

Lo que nadie se explicae que en medio de la grave situación de orden público, en la que los grupos al margen de la ley y la delincuencia común actúan a sus anchas con tecnología de punta, la polémica contratación de Franklin Herrera y su controvertido maletín, plantea la pregunta de por qué la Fiscalía está contratando equipos rudimentarios y de forma tan opaca. Si bien algunos de los procesos en su contra ya prescribieron, estaban activos cuando fungió como contrastista del Ejército.

Pero también plantea otras dudas ¿Por qué la Fiscalía no revisó los antecedentes de Franklin Herrera? ¿Cómo se aceptó una exclusividad sustentada sólo en un software? ¿Qué controles se omitieron para evaluar la propiedad industrial del hardware? ¿Quién impulsó un proceso acelerado que dejó por fuera a otros posibles oferentes? Y, sobre todo, ¿qué garantías tiene hoy el país de que sus sistemas de inteligencia no quedaron expuestos tras una contratación con tantas señales de alerta?