Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes medida de aseguramiento en lugar de residencia para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el presunto direccionamiento de contratos millonarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia que siguió a la imputación de cargos.
De acuerdo con la fiscal del caso, María Cristina Patiño, la solicitud cumple plenamente con los requisitos establecidos en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal.
“La Fiscalía concurre con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia (…) contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González”, afirmó.
El primero en intervenir fue el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien rechazó tajantemente los cargos. Explicó que no ha tenido vínculos con actividades ilícitas en más de cinco décadas de servicio público y privado. Aseguró que cumplió sus funciones conforme a la ley y que defenderá su inocencia “hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también negó los cargos y afirmó que no tiene nada que negociar con la Fiscalía. Añadió que se considera víctima de testigos que, según él, buscan beneficios judiciales.
“El país solo ha escuchado la voz de quienes confesaron delitos y se apropiaron de recursos. Cuando escuchen mis pruebas, mis argumentos, muy seguramente la visión será otra”, señaló.
La Fiscalía imputó a ambos exfuncionarios los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, delitos por los cuales también solicitará detención intramural.
Durante la diligencia, el ente acusador sostuvo que Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 contratos en Invías y cinco en la Ungrd, proyectos que suman más de $612.000 millones, de los cuales siete se concretaron.
Finalmente, la fiscal Patiño expuso un episodio clave documentado en la investigación. Según relató, el 13 de junio de 2023, el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con la senadora Marta Peralta gestionar proyectos al interior de la entidad que beneficiaran a congresistas de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya. Esta actuación, según la Fiscalía, estaría ligada a la necesidad del Gobierno de asegurar mayorías legislativas.
