Esta semana, me desplacé hasta el departamento de La Guajira para adelantar una brigada de salud

organizada por la Comisión de Derechos Humanos del senado, que presido. El objetivo de esta actividad era

el de hacer veeduría a los avances en cuanto a las medidas cautelares que dictó, hace un mes, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos,  “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños y

adolescentes wayuu, ante la muerte por desnutrición de 4.770 niños de esa etnia, desde el 2007, contando la

situación de sólo 900 de las 4.000 rancherías que hay en toda La Guajira.

Gracias a la ayuda de empresas y personas comprometidas, como la EPS Coosalud, la Fundación por la Vida y la Equidad y  de médicos especialistas de Antioquia y de Atlántico, se pudo realizar una brigada para evaluar las condiciones de salud de casi 500 niños wayuu (300 en Manaure y 200 en la Alta Guajira) y de unos 100 adultos (en su mayoría, madres gestantes).

Este evento no contó con el apoyo del ICBF, pues, a la directora de esa entidad nos hemos cansado de invitarla a las actividades sobre la niñez que ha realizado la Comisión, pero nunca ha asistido. Invitamos al Ministerio de Salud a vincularse a esta iniciativa, pero, por problemas de tramitología, no nos pudo apoyar. ¡Este país!

Aprovechamos, entonces, para verificar con independencia y sobre el terreno, el cumplimiento de las medidas cautelares.

Durante tres días, confirmamos las denuncias de líderes wayuu independientes, de que el abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica. A medida que se asciende a la Alta Guajira, la desnutrición es más severa y más generalizada.  La lactancia materna se extiende hasta el próximo embarazo, porque los niños no tienen nada más para alimentarse. Esto estaría bien, pero son madres desnutridas que no están pasando los nutrientes necesarios a sus hijos.

Constatamos abundancia de problemas por parásitos, conjuntivitis, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel causadas por un sistema inmunológico debilitado a causa de la desnutrición y de la falta de agua. La simple evaluación de la coloración, cantidad y calidad del pelo de estos niños sirve fácilmente para diagnosticar el déficit nutricional en que se encuentran.  Hay, además, infestaciones de piojos, que producen enfermedad en los niños. Y, por la falta de agua, las condiciones de aseo son sumamente precarias y los servicios sanitarios, pésimos, lo cual provoca que las enfermedades contagiosas se propaguen con mayor facilidad. El riesgo de tuberculosis es muy alto.

Los niños se siguen muriendo de desnutrición, sin poder ser atendidos en centros hospitalarios, pues los que hay en el perímetro están destruidos y abandonados.   Muchos niños no están registrados y muchos otros, que sí lo están, no tienen ninguna cobertura por parte de alguna EPS ni del Sisben.

El gobierno les prometió pozos a estas comunidades y no cumplió, y los pocos que hay no funcionan. Aunque siempre han padecido la carencia de agua, ahora, esta es más fuerte que nunca. Y, como donde no hay agua, no hay vida, los cactus se murieron, los chivos no tienen qué comer y son escasas las crías de pollos o gallinas.

Fue difícil acceder a estos sitios, a causa de la precariedad de las rutas. Pero, cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la crisis no es solamente de desnutrición y salubridad, sino también de educación, de vivienda y de formas de sustento.

Para resumir, lo que hallamos fue poblaciones totalmente desamparadas por el Estado. Los niños que logran sobrevivir al hambre quedan marcados para siempre con una cicatriz biológica causada por su desnutrición crónica. Faltan programas, infraestructura y especialistas en atención a salud primaria y promoción de la salud. Hasta el momento, no se nota ningún avance del ICBF hacia el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. La negligencia por parte de las instituciones responsables del cuidado de estas comunidades es indignante.

Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas le quedó grande el ICBF.

El Gobierno no puede mantener en sus cargos a funcionarios de libre nombramiento y remoción que han fracasado estrepitosamente en el ejercicio de sus funciones, que incluyen responder por la vida de personas, particularmente de niños.

Como comisión de Derechos Humanos del senado, haremos los controles pertinentes y acudiremos a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una necesaria investigación sobre este drama, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la obstinada ineficiencia y la corrupción probada en el ICBF.

Por: Senadora Sofía Gaviria Correa