Por Carlos Camargo Assis *
Es el momento para que todos unan fuerzas y llegar a soluciones, en medio de la situación del país.
Colombia atraviesa momentos desafiantes. La protesta social que estalló en nuestro país el pasado 28 de abril y que se ha prolongado por ya casi 50 días mantiene en vilo los derechos de millones de colombianos.
Miles de compatriotas salieron a las calles en ejercicio de su derecho a la protesta legítima y, en un clamor colectivo, marcharon pacíficamente por la justicia social, la equidad y las oportunidades. Lamentablemente, ese escenario legítimo para la manifestación pública traspasó los límites constitucionales y ha sido aprovechado por movimientos desestabilizadores que han utilizado las convulsiones sociales que se materializan en las calles para generar caos, confusión y dolor. Finalmente, el resultado no es otro que la afectación de derechos de millones de colombianos que lo único que quieren es una Colombia en paz, con salud, con trabajo digno, con educación y, en últimas, con oportunidades para todos y todas, sin excepción.
Y esa ha sido la consigna de la Defensoría del Pueblo. En nuestra magistratura moral, nuestro objetivo ha sido que se respeten los derechos de todos y todas, sin excepción. Acá no concebimos laexistencia de la idea de ciudadanos de diferentes categorías frente al ejercicio de sus derechos, pues no creemos que sea posible que se pretenda lograr la protección de los derechos de unos a costa de la vulneración de los derechos de otros. Ese es el desafío que tenemos desde la institucionalidad.
Habida cuenta de eso, nosotros desde la Defensoría hemos tratado en esta coyuntura tan exigente de generar espacios de diálogo para ser la voz de los derechos de todos, sin dejarnos instrumentalizar por ninguno de los lados contra el otro. Una labor difícil que muchas veces ha hecho que nuestros funcionarios hayan recibido ataques de diferentes frentes, incluso llegando a poner en riesgo sus vidas e integridad.
Nuestra labor es ser la voz de los derechos y no de las pasiones, los sesgos, los intereses políticos y la rabia. Nosotros creemos que los derechos merecen un diálogo equilibrado, sosegado, informado, constructivo, contundente y esclarecedor. Los derechos no pueden ser piedra contra nadie, gasolina que aviva la llama o bandera con la que un sector pretende arremeter contra otro.
Llegó el momento de recordar a viva voz que la violencia es violencia, venga de quien viniere, y que los derechos son de toda la sociedad civil, no solo de los que protestan. También lo son de los que se quedan en sus casas y ven cómo se afectan sus posibilidades de ingresos, de movilidad frente a los bloqueos, de trabajo, de salud o bienestar, pero así mismo, y hay que decirlo claramente, también lo son de la policía, de los funcionarios públicos y de los soldados. Todos somos sujetos de derechos y todos merecemos la misma vehemencia de la institucionalidad, en la defensa de estos.
La verdad nos permitirá generar diálogos constructivos, tomar las medidas necesarias para detener los desencuentros violentos y garantizar efectivamente los derechos de los colombianos.
Asumiendo esta premisa, en los días pasados hemos liderado múltiples espacios de diálogo con los jóvenes, diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad y sociedad civil en general. Nos interesa oír y generar espacios de participación y comunicación, que trasciendan las diferencias y ubiquen las coincidencias, para a partir de estas, ser catalizadores de las soluciones que nuestra gente reclama. En el mismo sentido, el lunes pasado nos reunimos con el equipo de la CIDH, en cabeza de Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión, a quienes presentamos una descripción detallada de toda la información recopilada desde el 28 de abril en territorio y tramitada desde nuestra Dirección de Atención al Ciudadano sobre posibles violaciones de los derechos humanos de cualquier colombiano en el marco de la protesta. En el informe dimos cuenta de las 417 quejas recibidas, que contabilizan 584 violaciones potenciales de los derechos humanos de al menos 489 personas, entre jóvenes, estudiantes, mujeres líderes sociales, periodistas, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y miembros de la Fuerza Pública.
De igual forma, en la reunión sostenida presentamos el seguimiento hecho por nuestra institución a los 3.144 bloqueos que se han presentado a lo largo de más de mes y medio, y que han vulnerado la conectividad de gran parte del territorio nacional, afectando vías primarias y secundarias, principalmente de las regiones del suroccidente y del centro del país. Estos bloqueos son de carácter permanente y han llegado a durar hasta 35 días continuos, concentrándose en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, y produciendo gravísimas afectaciones a la ciudadanía y a los derechos fundamentales a la vida, salud, alimentación, trabajo y movilidad de las poblaciones de estos territorios.
El interés que nos movió en esa reunión y que hoy debe seguirnos moviendo a todos en este país es que se conozca la verdad sin sesgos, sin historias parcialmente contadas o mediadas por los intereses de un sector particular. Solo la verdad nos permitirá generar diálogos constructivos, enderezar el camino y tomar las medidas necesarias para detener los desencuentros violentos y para proteger y garantizar efectivamente los derechos de los colombianos. Es hora de entender, sin titubeos, que llegó el momento de construir y no de seguir destruyendo. Hoy nos tiene que unir un propósito común a todos. Hoy nos tiene que unir el sueño de un mejor futuro para nuestros niños, niñas y jóvenes; el sueño de una sociedad más justa y de un país mejor. Es momento para que todos, Gobierno, líderes empresariales y líderes sociales, demostremos grandeza, y en una manifestación de solidaridad y sentido patrio, aunemos esfuerzos para llegar a las soluciones, reformas y acuerdos que el país en pleno demanda de manera urgente. Los derechos de los colombianos no dan espera.
- Defensor del pueblo
