Cuando el Congreso de la República legisla en el marco de lo que le corresponde, se espera que las otras dos ramas del poder público en Colombia, la Jurisdiccional y el Ejecutivo, hagan cumplir y defiendan el ordenamiento constitucional y legal de manera contundente. Es lo normal.

Frente al medio ambiente y la generalidad de los temas que preocupan a la Nación, tanto Senadores de la República como Representantes a la Cámara apuntado siempre nos preocupamos por blindar al país ante las vulnerabilidades.

A propósito de lo vital que resulta extremar la protección medioambiental en momentos en que estamos expuestos a los rigores del cambio climático, celebramos por un lado que la Corte Constitucional emita un fallo que sienta ejemplo al respecto pero por el otro lamentamos que se le haga eco a ciertos sectores que no miran con objetividad y sentido patriótico la realidad nacional.

Nos referimos a la decisión de la Corte Constitucional a través de la cual se ordenó suspender la generación de la Central Hidroeléctrica de El Quimbo, bajo la argumentación de que el decreto 1979 del 6 de octubre de 2015 de la Presidencia de la República atentaba contra lo dictado por el Tribunal Administrativo del Huila el pasado 5 de febrero que pedía paralizar el proyecto, hasta tanto se pusiera al día en las materias ambientales.

El Quimbo es propiedad de Emgesa, creada el 23 de octubre de 1997 como consecuencia de la capitalización de EEB, mediante el aporte en especie de EEB y el aporte en efectivo del Grupo Endesa, inversionista estratégico. El 14 de diciembre del 2006, el Grupo Endesa y la Empresa de Energía de Bogotá acordaron fusionar las sociedades Emgesa y Central Hidroeléctrica de Betania, manteniendo EEB el 51.51% de la sociedad fusionada.

A su vez Endesa es la líder en el mercado español y segunda en Portugal como subsidiaria de Enel, multinacional que es la primera empresa eléctrica de Italia. Entonces hablamos de verdaderos pesos pesados del sector en el ámbito europeo, que han confiado en Colombia y en el potencial económico de la generación de energía en el país.

El Quimbo es una central hidroeléctrica cuya construcción demandó una inversión superior a los USD1.200 millones, de los cuales – según voceros de la empresa – cerca de 336 millones fueron destinados a los asuntos socioambientales. La obra se remonta 15 años atrás, 10 dedicados a los estudios de factibilidad y 5 a la construcción misma, tiempo durante el cual 6.500 personas han estado laborando en los distintos frentes. No estamos frente a una obra improvisada ni nada por el estilo.

El Quimbo tiene un potencial de generación anual de 2.216 GWh, que equivale al 4% de la demanda nacional. Junto con Betania está llamada a constituir una cadena generadora en el río Magdalena, que aportará el 8% de la demanda nacional.

La principal razón del decreto que expidió el gobierno autorizando el inicio de la generación de 400 MW en El Quimbo, es subir el caudal del río Magdalena y poder transportar combustibles por barcazas desde la refinería de Barrancabermeja hacia las zonas vecinas de Venezuela, afectadas por el cierre de la frontera. Una justificación totalmente válida.

Al ordenarse la suspensión de las actividades de generación, la preocupación se centra en los riesgos de un apagón eléctrico, la inestabilidad de la inversión del grupo Inel y la desconfianza de potenciales inversionistas ante la imagen de inseguridad jurídica que brinda el país, entre otros aspectos de singular trascendencia.

Las autoridades judiciales consideran que aún existen muchos tópicos ambientales por resolver sobre el caudal de las aguas y su calidad, el retiro del material vegetal que podría afectar la pesca y contaminar el líquido, así como la mortandad de peces, lo cual es entendible y respetable.

Somos respetuosos de la iniciativa privada, como también de los fallos judiciales que deben cumplirse al pie de la letra. Hemos creído indispensable que se agoten todos los esfuerzos posibles para evitar el apagón, y es contradictorio que cuando las autoridades actúan en esa dirección, haya pronunciamientos judiciales que colocan al país al borde de una nueva tragedia económica y social, como lo sería otro periodo de racionamiento de energía eléctrica.

Si lo ambiental hay que preservarlo, pero todos los elementos deben ser tenidos en cuenta. Razón por la cual hay que invitar a todos los actores en conflicto a que se pongan de acuerdo dentro de un ejercicio de conciliación razonable, para que el país no sea el gran perdedor. Para que no ganen quienes tienen por costumbre jugar con el futuro del progreso nacional.

Nos importan El Quimbo y el mantener un medio ambiente sano, pero la prioridad nacional es garantizar que no se apague el país. Creemos que los inversionistas deben solucionar las urgencias ambientales como se los recomienda la Corte Constitucional, pero las instancias judiciales también deben velar los intereses nacionales.