El día de hoy el Gobierno y las FARC, en presencia de la Comisión de Víctimas (ver Víctimas viajan a Cuba para anuncio de acuerdo entre el Gobierno y las FARC), anunciaron el acuerdo de víctimas en el marco de las negociaciones de paz, desarrollando los puntos de reparación, justicia y garantías de no repetición.
En términos de justicia, los actores que oculten la verdad y hayan cometido crímenes de lesa humanidad o contra los derechos humanos (violación sexual, reclutamiento infantil, entre otros), serán condenados de 15 a 20 años de cárcel (régimen ordinario). Aquellos que acepten los cargos antes de la sentencia pero de manera tardía, tendrán una pena de 5 a 8 años en un lugar distinto a una cárcel.
En materia de reparación integral para la construcción de la paz, el acuerdo contempla 7 medidas que tienen como objetivo la participación de todos los actores de grupos armados.
Estas medidas constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que incluyen los aspectos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Por lo tanto, con el fin de obtener tratamiento especial de justicia, es requerido participar y contribuir con el SIVJRNR.
Las medidas deben estar focalizadas en las necesidades e intereses de las víctimas de manera diferencial, incluyendo su participación activa. Estas son:
- Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, es decir, actos formales públicos y solemnes para reconocimiento de responsabilidad sobre daño causado, perdón, y compromisos de reparación.
- Acciones concretas de contribución a la reparación: de parte de las FARC obras de reconstrucción de infraestructura en zonas afectadas por el conflicto, programas de limpieza y descontaminación de minas, sustitución de cultivos ilícitos, proyectos de reparación de daño ambiental, y la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas fallecidas o dadas por desaparecidas. Por su parte, el Gobierno debe velar por promover la participación en medidas de reparación designadas para agentes del Estado y demás actores responsables en el conflicto, directa o indirectamente.
- Reparación colectiva en el fin del conflicto: enfoque de reparación desde la Reforma Rural Integral, el desarrollo de Planes de reparación colectiva con enfoque territorial (PDET) y Planes nacionales de reparación colectiva. Este se dirigirá a grupos y organizaciones, tales como organizaciones de mujeres, gremios económicos, y partidos y movimientos políticos y sociales.
- Rehabilitación psico-social, mediante la ampliación de la la cobertura pública y mayor calidad para velar por la recuperación emocional de las víctimas, y estrategias comunitarias que permitan reconstruir el tejido social.
- Procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior. El primero se refiere a programas colectivos adicionales para complementar el retorno y reubicación de víctimas de desplazamiento. El segundo hace referencia a la profundización del programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, enfocado en refugiados y exiliados como consecuencia del conflicto armado.
- Restitución de tierras: fortalecimiento y alineación del programa actual con los procesos de reparación colectiva y de desarrollo territorial.
- Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral a víctimas: ajustes para asegurar la ampliación y el fortalecimiento de las instancias de reparación de víctimas actuales, implicando un compromiso de las FARC ante una reparación integral de víctimas que incluya la material.
Lo anterior implicaría crear una Comisión para la Verdad y la Reconciliación, una conocida fórmula de países que escogen la vía de Justicia Transicional Restaurativa.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó que este acuerdo «vincula verdad, justicia, reparación y garantías para la no repetición. Las víctimas son y seguirán siendo el centro de gravedad de estas discusiones», por lo cual «no es una puerta a la impunidad».
Resaltó que no habrá amnistía para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y que el indulto se enfocará en delitos políticos y conexos, afirmando que «las sanciones distintas a las ordinarias contribuirán al camino de la terminación del conflicto”.
Así mismo, sostuvo frente a la jurisdicción especial y el tribunal que esta contempla, que los magistrados «serán escogidos en un proceso transparente, brindará toda la confianza. No será a dedo. No podrán ser elegidos por las partes».
Así mismo, trató el tema de dejación de armas por las FARC, reiterando que el grupo guerrillero está comprometido con entregar las armas 60 días después de firmado el Acuerdo General.
En esta misma línea se pronunció Iván Márquez, en nombre de las FARC, declarando que los acuerdos alcanzados se basan en el derecho a la paz, y con especial énfasis en las víctimas, quienes tienen la oportunidad de denunciar violaciones a sus derechos por cualquier grupo armado.
De igual manera, reiteró el mensaje de De la Calle, afirmando que «no existirá inmunidad alguna que alcance a funcionarios del Estado».
Con este acuerdo se cierra el cuarto punto de la agenda en La Habana, uno de los temas más sensibles y delicados, dando paso al desarme y fin de conflicto.
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