En abril de este año tuve conocimiento de un caso particularmente llamativo que había ocurrido en la ciudad de Cartagena y que constituía un auténtico récord, relacionado con una paciente menor de edad afiliada a la EPS Caprecom y que padecía parálisis cerebral y síndrome convulsivo.

En ese momento el país pudo enterarse de lo que venía padeciendo esta paciente de 9 años de edad, no sólo por su enfermedad, sino por las dificultades que tenía para poder tener acceso a los servicios a los que tenía derecho por ser una paciente protegida constitucionalmente dada su condición vulnerable por su problema de salud  y por su edad, así también por estar protegida en teoría por la Ley de Infancia y Adolescencia, y además por la Ley Estatutaria de Salud que llevaba en ese momento sólo dos meses de haber sido sancionada y que “tiene por objeto garantizar el derecho a la salud fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”.

De acuerdo con la madre de la paciente, lo hecho por ella para que su hija recibiera la atención en salud que requería pero que además tenía como derecho recibir, estableció un nuevo récord, desafortunadamente nada honroso. En este caso el récord fue por el número de tutelas que informó tuvo que interponer la madre de esta paciente: ¡un total de 13 tutelas para reclamar su derecho a la salud!

Lo más triste es que, por lo menos al momento de abordar este caso en una columna del mes de abril de este año, la paciente no había podido tener tratamiento porque la citada EPS desconociendo todas las decisiones de los jueces a favor de esta niña, seguía sin autorizárselo y lo que era peor, desde hacía unas semanas, ni siquiera estaba recibiendo medicamentos.

Debo hacer claridad que en este lamentable caso de desconocimiento de los derechos de una menor, no hubo responsabilidad por parte de la dirección distrital de salud de Cartagena, pues inclusive esta misma dirección por ese caso y otros muchísimos más en los que se evidenció falta de cumplimiento en la responsabilidad de asegurar efectivamente la salud de sus afiliados, requirió formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud se revocara la autorización para funcionar de 5 EPS tanto del contributivo como del subsidiado en la capital de Bolívar.

Como tampoco tiene responsabilidad esa dirección de salud en lo ocurrido la semana pasada en la “Empresa Social del Estado Cartagena de Indias”, cuando la capital de Bolívar impuso otro récord en el sector salud: ¡el noveno ataque contra centros de salud en una misma ciudad y en un mismo año!

Este suceso se produjo el pasado lunes 8 de diciembre durante la Noche de Velitas en el centro asistencial de Nelson Mandela, cuando varias personas, la mayoría jóvenes, pretendiendo se reviviera a uno de sus compañeros que había sido apuñalado y que había llegado sin signos vitales, atacaron al citado centro de salud.

De acuerdo con la gerente de la ESE, estos actos de vandalismo ocurridos en Cartagena se dan en parte por la falta de más vigilancia de la fuerza pública y por el reprochable comportamiento de personas desadaptadas que no respetan las misiones médicas, pidiendo de paso más compromiso por parte de la Policía Nacional para quienes trabajan en estos centros.

Ninguno de los dos récords generan orgullo a quienes los impusieron ni despiertan envidia en quienes los padecieron, pues además de ser lamentables las circunstancias que los motivaron, invitan a reflexionar sobre lo que está pasando en el sector salud de este país, lo cierto es que quedó claro que ni siquiera 13 tutelas decididas a favor de una paciente menor de edad para que se le autorizara el tratamiento requerido, fueron suficientes para que pudiese ser respetado y reconocido ese derecho por su EPS, y por otra parte, que las misiones médicas están tan indefensas y expuestas en Colombia que en menos de 1 año, en una sola ciudad, han resultado víctimas desprotegidas de 9 ataques realizados por desadaptados.