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GOBERNADORES ALERTAN SOBRE GRAVE RIESGO DE DESFINANCIACIÓN DE LA SALUD

Escrito por Politika 2

Bogotá, julio 11 – Los departamentos del país le pidieron hoy al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, una intervención inmediata para que las entidades territoriales puedan contar con los excedentes del impuesto al consumo al cigarrillo, pues de otra manera se vería desfinanciada la prestación del servicio de salud, especialmente para los beneficiarios del régimen subsidiado.

En una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, el Presidente de la Federación de Departamentos (FND), Carlos Julio González y su Director Ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba, pidieron un acompañamiento especial del organismo de control para que el nuevo Gobierno Nacional permita hacer los ajustes que requiere el decreto 2265 de 2010 que reglamentó la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La solicitud fue elevada ante el despacho del Procurador después de los Ministerios de Hacienda y Protección Social se negaron a incluir en un decreto modificatorio alguna medida que permita a los departamentos invertir en beneficio de sus funciones los excedentes de rentas cedidas que por ley les pertenecen.

Los directivos de la FND recordaron que a comienzos de año el Procurador General conminó al Gobierno para hacer una revisión integral para asegurarse de que el manejo de los recursos por la ADRES se ciña a los mandatos de la Constitución de la ley.

La misiva al Procurador hace una detallada síntesis de los esfuerzos hechos por los gobernadores para llegar a un consenso con el gobierno saliente sobre la manera de tales recursos. Recalca además que el 15 de enero se llegó un acuerdo inicial entre comisiones de los ministerios de Hacienda y Salud y de los departamentos sobre el contenido del nuevo decreto, que sin embargo no fue cumplido.

Uno de los puntos clave del acuerdo ratificaba que los excedentes, es decir los mayores recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, serían de propiedad de éstos y que sus rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.

En reuniones posteriores, celebradas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de julio, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando y la discusión se centró finalmente en la posibilidad de que Gobierno Nacional y entidades territoriales compartieran el recaudo nacional al impuesto al cigarrillo.

El Ministerio de Hacienda planteó dudas en el sentido de que las reglas sobre el manejo de los excedentes pudieran ser fijadas por decreto, pese a que la ley establece que los recursos pertenecen a las entidades territoriales.

De persistir la situación, las entidades territoriales verán seriamente licitada su capacidad para enfrentar problemas tan urgentes como los que plantean los cobros y de dudas de servicios no POS y la necesidad de prestar a cabalidad al servicio de salud, consagrado como derecho fundamental, especialmente a las comunidades más vulnerables que se benefician del régimen subsidiado.

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