Bogotá D.C. julio 20 de 2017
Dentro del marco de la competencia de la Fiscalía General de la Nación que se contrae a la presentación de proyectos de política criminal, en el día de hoy se presentó un proyecto de ley que contiene medidas punitivas para sancionar eficazmente la corrupción y herramientas procesales para facilitar la investigación y judicialización de los corruptos.
MEDIDAS PENALES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La corrupción debe ser combatida con la misma contundencia como se hace con el crimen organizado o el narcotráfico. Esa es la propuesta que la Fiscalía General de Nación presentó ante el Congreso de la República para que éste, a través de una ley, actualice los procedimientos para enfrentar y castigar las formas de corrupción existentes y las que han sido descubiertas en los últimos meses.
- En primer término, la medida propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos existentes frente a la gravedad de las conductas que hoy no tienen sanciones condignas.
- Se penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.
- Se sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
- Se penaliza a los profesionales (contadores, revisores y jefes de control interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.
- Contadores, revisores y jefes de control interno que sospechen de un acto de corrupción, en desempeño de sus funciones, deberán reportarlo a la UIAF. De no hacerlo estarán expuestos a penas que van entre los tres (3) y seis (6) años de cárcel.
- Se tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de 8 a 18 años.
- Se proponen penas privativas de la libertad para los delitos en los que se divulguen documentos e información reservada, o se utilice indebidamente información privilegiada o asunto sometido a reserva, que en la actualidad son sancionados con multa.
MODIFICACIONES DE PUNIBILIDAD
El proyecto de ley se encarga de establecer sanciones en función de la gravedad del delito, de las que se carece en la actualidad, haciendo irrelevante la lesividad de la conducta, así por ejemplo:
- En materia de cohecho se aumenta la pena en un 50% cuando el valor del cohecho sea mayor a 100 smlmv. En la actualidad los multimillonarios cohechos de Odebrecht tienen la misma pena que un cohecho en una oficina de tránsito.
- Igual sucede con el delito de enriquecimiento ilícito de servidores o ex servidores públicos, en el que si la cuantía supera los 100 smlmv la pena se aumentará en la mitad.
INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Frente a los fenómenos que se han venido advirtiendo que afectan la administración de justicia, se propone:
- Tipificar como delito autónomo la manipulación del reparto judicial.
- Imponer pena privativa de la libertad para la violación de la reserva judicial.
- Aumentar las penas para que el poder disuasivo de las mismas sea más efectivo.
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
Dada la relación existente entre el financiamiento de las campañas y la corrupción pública y, sin perjuicio de los proyectos de ley en curso que están próximos a sancionarse, la Fiscalía General de la Nación advierte la necesidad de introducir las siguiente reformas en la materia:
- Se propone cárcel para quien porte dinero en efectivo en los montos fijados por la autoridad electoral, durante la jornada electoral y en los tres días anteriores a los comicios.
- Se tipifica por primera vez la violación de topes de aportes particulares y la asunción de gastos de campañas electorales que los superen. Como el proyecto próximo a sancionarse por el Presidente sólo tipifica la violación de topes de gastos, la iniciativa de la Fiscalía propone penalizar igualmente la violación de los límites por aportes particulares.
- La Fiscalía plantea castigar, con hasta 12 años de cárcel, al servidor que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales, candidatos o partidos políticos.
- El proyecto busca frenar que servidores elegidos por voto popular contraten o subcontraten con empresas o personas naturales que financiaron campañas políticas del respectivo nivel administrativo.
NUEVOS INSTRUMENTOS PROCESALES
En este capítulo se busca entregar herramientas investigativas a la Fiscalía General para evitar que los hechos de corrupción continúen y deterioren el patrimonio del Estado.
- La Fiscalía General podrá solicitar como medida cautelar ante el juez de garantías la suspensión de los contratos y de los desembolsos de los pagos hechos a contratistas involucrados en actos de corrupción.
- La iniciativa presentada impone el deber a las entidades públicas y a los particulares de aceptar el cargo de perito en los procesos penales
- Se facilita la incorporación de pruebas recaudadas por autoridad de cualquier naturaleza en las investigaciones penales.
- La iniciativa presentada al Congreso de la República plantea que la Fiscalía de manera preventiva solicite a un juez de garantías la suspensión de un contrato cuando las evidencias indiquen que en su celebración, ejecución o liquidación se presentaron actos de corrupción
- Si los congresistas aprueban la iniciativa se pondrá fin a los casos en los que servidores procesados por corrupción se mantienen en la nómina del Estado. El proyecto prevé la suspensión del funcionario desde el momento en el que la Fiscalía presente el escrito de acusación. El juez procederá a comunicar a la entidad nominadora de la novedad para que en un plazo no superior a las 48 horas proceda a suspenderlo.