Dos jueces del Circuito Judicial de Cúcuta y siete abogados son investigados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables de hechos de corrupción en la administración de justicia por el trámite de tutelas improcedentes que otorgaron reconocimientos laborales a accionantes de Ecopetrol.

El ente acusador indicó este sábado que dentro de la segunda fase de la operación ‘Pozo de la dicha’ fueron radicadas solicitudes de imputación de cargos contra los jueces Samuel Darío Rodríguez Duarte y Amparo Disney Vega Mendoza y los abogados José Trinidad Minota Quintero, José Luis Horta Orozco, Iván Landínez Vargas, Asael Arguello Cortés, Andris Jonathan Barreto Rodríguez y Catia del Carmen Joly Villarreal, como presuntos responsables de auspiciar un entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas de forma irregular tutelas que afectaron el presupuesto de la estatal petrolera en una cuantía de $137.475’480.065.

De acuerdo con la Fiscalía, las acciones judiciales fueron emitidas entre 2010 y 2011. No obstante, algunas fueron revocadas por la Corte Constitucional en el 2012 y otras se ejecutaron, asumiendo Ecopetrol las responsabilidades económicas.

En desarrollo de la investigación se encontró que las acciones judiciales fueron emitidas entre 2010 y 2011, algunas fueron revocadas por la Corte Constitucional en el año 2012, otras se ejecutaron y Ecopetrol cubre las responsabilidades económicas.

Los denunciados deberán comparecer el próximo lunes a la audiencia de imputación de cargos por prevaricato por acción en concurso homogéneo, peculado en favor de terceros en calidad de intervinientes y concierto para delinquir.

Actualmente, los dos funcionarios judiciales se encuentran en juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo en razón a procesos que fallaron en segunda instancia contra Ecopetrol.

El pasado 27 de febrero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó por estos mismos hechos a los exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo a una pena de pena de 21 años, 9 meses y 21 días de prisión; y a Félix María Galvis Ramírez a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel. El fallo declaró culpables a los dos exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.