Definitivamente los indígenas en Colombia no la tienen nada fácil, por eso esta población que en teoría está constitucionalmente protegida y debería gozar de beneficios y protecciones especiales, dada su vulnerabilidad, más que vivir le toca sobrevivir.
Casi todo este año el tema de la población wayuú en La Guajira se ha mantenido vigente en la opinión pública por la manera como han fallecido y siguen falleciendo niños pertenecientes a este grupo poblacional, principalmente por razones relacionadas con desnutrición y falta de acceso a servicios de salud de calidad. Para todos los colombianos, e incluso para la comunidad internacional, resulta ser una verdad innegable que la sombrilla protectora del Estado en este país se rompió en La Guajira y está dejando pasar libremente los rayos del hambre, la sed, la desatención en salud, la corrupción en los programas de alimentación de estos menores con operadores para nada idóneos y el abuso de ciertas EPS que no garantizan los programas de prevención a sus afiliados, entre otros perversos rayos que se han venido filtrando hasta quemar con la misma muerte a los niños de esta zona del país.
Se recuerda como el pasado 11 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una trascendental decisión frente al tema de desprotección en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuú en el departamento de La Guajira, básicamente por el riesgo en el que se encuentra esta población de menores de edad ante la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, entre otros factores. En esa fecha, la CIDH decidió solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de este grupo poblacional en los municipios guajiros de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en los que se tenía como nefasto antecedente la muerte de 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años. Esa gestión ante la CIDH, realizada por la comunidad civil y organizaciones sociales, tuvo como principal motivación el convencimiento que desde la institucionalidad interna del estado colombiano, no habría capacidad para encontrar soluciones a la grave problemática que enfrenta esta población.
Y aunque con las medidas cautelares decretadas por la CIDH se obligó al Gobierno colombiano a adoptar medidas concretas para evitar que los niños y los adolescentes wayuú siguieran padeciendo las consecuencias de una fallida clase dirigente, lo que finalmente se observó fue una muy intensa labor de los asesores jurídicos del Gobierno para defender al Estado ante dicho organismo protector de los derechos humanos, que un trabajo articulado y eficiente de las instituciones para poner fin al inhumano drama.
Por esa situación, los demandantes acudieron esta vez ante al Tribunal Superior de Riohacha que ordenó un trabajo conjunto de alcaldes, Gobernador y organismos de control, estableciendo además que debía ser el mismo Presidente Santos quien debía liderar de manera personal la búsqueda articulada de la solución (suministro de alimentos, agua potable, servicios de salud), para lo que le dio un máximo de 48 horas para estructurar ese “plan salvamento” a través de los ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente y Agricultura; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS; el Bienestar Familiar; la Superintendencia de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Sin embargo, no habían transcurrido muchas horas de haberse conocido el fallo de esta tutela en el citado tribunal guajiro, cuando casi simultáneamente se conoció una respuesta desalentadora al respecto, entregada por la gobernación de La Guajira y la alcaldía de Riohacha, que informaron “no tener las condiciones financieras para cumplir el perentorio fallo de tutela del Tribunal Superior”, que les daba 48 horas para atender a los niños y adolescentes wayuú a fin de que no siguieran muriendo de hambre, sin recibir adecuados servicios de salud, así como sin acceso a agua potable.
Pero el tema de la desprotección y los pesares de la población wayuú no son los únicos de la población indígena en Colombia. Hace pocos días también se ha dado a conocer por parte de Opinión & Salud, cómo dos grupos etnias indígenas colombianas, los jiw y los nukak, están padeciendo graves problemas de salud que los está minando en el tamaño de su población de manera importante. (Las tribus Jiw y Nukak presentan una acelerada disminución por problemas graves de salud, http://www.opinionysalud.com/las-tribus-jiw-nukak-presentan-una-acelerada-disminucion-problemas-graves-salud/).
Los jiw y los nukak son las dos últimas comunidades nómadas del mundo y habitan los territorios del Guaviare y el Meta. Nuevamente con lo que les está ocurriendo a estas dos tribus se está evidenciando que la sombrilla protectora estatal aquí también se rompió, pues aunque existen autos y sentencias de la Corte Constitucional para respetar los privilegios de conservación de estas dos comunidades indígenas, se ha comprobado una disminución del tamaño poblacional, que en el caso de los nukak, ha pasado de 1.200 personas a un aproximado de 400 o 500, según lo informado por el alcalde de San José del Guaviare, Efraín Rivera Roldán.
Este mandatario territorial pidió para los pueblos jiw y nukak la garantía de una atención en salud diferente, que incluya “traductores para que coordinen y coadyuven con el tema de las citas médicas, las remisiones y que sean personas capacitadas y preparadas”, que les permita a través de una acción articulada el fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones para sobrevivir en el tiempo.
Es evidente pues que la población indígena en Colombia padece para vivir y como puede le toca sobrevivirlos casos de los wayuu en La Guajira, los jiw y los nukak en Meta y Guaviare lo reafirma. No puede haber más irresponsabilidad del estado al abordar este grave problema, no puede seguírsele “bailando el indio” a la población indígena en este país.
ubeltran@hotmail.com
@ulahybelpez
publicada inicialmente en: http://www.opinionysalud.
