Este viernes 5 de junio la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, señalado de presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.

El ente investigador aseguró que el actual mandatario departamental de Antioquia será capturado por solicitud de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió su situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Sobre el caso, la Fiscalía detalló que según elementos recopilados, bajo Ley 600/00, Aníbal Gaviria Correa incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Estos delitos serán imputados por parte del ente investigador contra el mandatario departamental por las presuntas modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz (tramo La Cruzada–Caucasia).

 El caso está relacionado con las mejoras hechas en la vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio -más conocida como la Troncal de La Paz- que le representaron al erario una inversión de más de $41.000 millones y que tuvo dos adiciones que juntas suman $28.000 millones.

Aníbal Gaviria había rendido indagatoria el pasado 16 de abril. Ahora, un fiscal delegado le resolvió la situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía afirmó en una declaración de prensa que «la decisión fue comunicada al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento».

Este proceso se remonta a cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, «el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia».