Sin duda alguna el año 2017 terminó como uno de los más trascendentales en la historia colombiana, si bien la implementación del acuerdo de paz ha presentado altibajos, el fin del conflicto con las FARC  nos deja un país más seguro con un número notablemente menor de víctimas del conflicto armado. Según el CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), desde que inició el proceso de paz con las FARC se han evitado cerca de 3.000 muertes.

Por otro lado, es innegable que desde la última década, con mayor escalamiento en los últimos tres años, se ha proliferado la aparición de grupos criminales dedicados desde el hurto hasta la extorsión. Donde lamentablemente los involucrados resultan siendo jóvenes entre los 18 y 24 años.

Un país que no está cuidando su futuro representado en la población joven, no puede ser un país que hable de esperanza.

El año pasado nos deja una cifra alarmante respecto a la infancia en Colombia, según Medicina Legal. Durante el año 2017 fueron asesinados 712 niños de los cuales 70 se encontraban entre los 0 y 10 años de edad. Igualmente la Institución señaló que la mayoría de los casos fueron perpetrados por familiares de las víctimas, principalmente padres y hermanos,  en horas de “ocio” entre los viernes a las 5:00 pm y los domingos a las 6:00 pm.

Los delitos sexuales ocuparon el segundo lugar de los crímenes contra menores de edad, de los 22.519 casos de agresiones sexuales presentados en el año, más del 80% fueron contra niños, los más afectados entre los 10 y 14 años.

Es una situación vergonzosa a la que debemos reaccionar, sobre todo por cuanto la situación de riesgo y vulnerabilidad de nuestros menores, tiene como epicentro su propio núcleo familiar. Indicador de problemas complejos en las familias colombianas y que es necesario adelantar un análisis profundo para poder tomar las medidas preventivas que aseguren el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Desde la Cámara de Representantes, pusimos en marcha la Comisión Accidental por la Niñez, a través de la cual buscamos crear una política integral para la protección de los niños y niñas en Colombia. Que vaya más allá de temas como la castración química, cadena perpetua y ley de infanticidio, e integre aspectos como la educación, nutrición y todos los derechos de la infancia.

Es necesario que el ICBF desarrolle políticas preventivas para enfrentar la violencia contra los niños, plantear modelos educativos más eficaces, un sistema penal que responda a la magnitud de los delitos, incluso una mirada más amplia hacia el gran problema de salud mental en el país.

Debemos abrir el debate público acerca de las leyes en consenso que se deben aprobar, y de esta manera entregar herramientas legislativas que ayuden a enfrentar la tragedia silenciosa que afecta al país. Pero estimo que este no es un asunto exclusivo del legislativo, necesitamos al Gobierno Nacional en pleno, a las autoridades locales, el sector privado, la academia y desde luego a la familia colombiana.

Igualmente quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que todos estemos atentos de nuestros niños, ellos son responsabilidad de todos, es nuestro deber garantizar sus derechos, como es nuestro deber denunciar ante las autoridades cuando notemos señales de alarma.

Y, finalmente, los invito a visitar el portal www.reddeproteccion.org, una iniciativa que apoyamos porque a través de esta página los colombianos y los atlanticenses pueden denunciar cualquier tipo de violencia sexual en contra de los menores, el consumo de drogas y el maltrato a la mujer que lamentablemente muchas veces termina en feminicidios.