El precandidato presidencial se mostró tranquilo al ser notificado y recalcó que el alto tribunal es el escenario donde debe defenderse y no la Fiscalía.

Este 12 de noviembre, el precandidato presidencial Sergio Fajardo fue notificado por la Corte Suprema de Justicia de que el próximo 6 de diciembre se realizará la audiencia de formulación de acusación en su contra.

“Celebro que, después de más de 5 años de investigación por parte de la Fiscalía, finalmente tenga la oportunidad de defenderme de una acusación a todas luces absurda ante la Corte Suprema”, dijo el líder político.

Agregó que adivinar la volatilidad del precio del dólar era imposible y en 2013, cuando firmó el contrato por el que se le acusa, cumplió con todos los requisitos de ley.

“Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra, pues pese a nuestra insistencia, ha sido imposible lograr que la Fiscalía las comparta”, recalcó Fajardo.

Insistió en que jamás ha cometido un delito, y lo demostrará ante la Corte Suprema de Justicia, que es el escenario natural para defenderse. “Haremos evidente la equivocación de la Fiscalía y demostraré que la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”, agregó.

Sobre el acto de formulación de acusación, la Corte explicó que es el paso subsiguiente, previo y necesario para dar inicio al juzgamiento del imputado en un debate oral, público, contradictorio, concentrado y con inmediación de las pruebas que sustentan, de una parte, los hechos jurídicamente relevantes cuya ejecución la Fiscalía atribuye.

De acuerdo con la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia hay elementos materiales probatorios que permitieron establecer con probabilidad de verdad, que a Fajardo se le puede atribuir a título de coautor los delitos en las anomalías del mencionado contrato.

“La investigación concluyó que, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su calidad de gobernador de Antioquia, vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato suscrito en representación del departamento de Antioquia, como contratante, y las entidades BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA y el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA, como contratistas, cuyo objeto era otorgar un empréstito por la suma de noventa y ocho millones de dólares (USD $98.000.000) con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante”, señaló el ente acusatorio.

El político por su lado señaló que lleva cinco años tratando de defenderse de este caso, por lo que el pasado 27 de mayo le solicitó a la ONU ser escuchado, evento que logró el pasado 25 de agosto con Juliette De Rivero, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Inicialmente, el pasado 31 de marzo, el ente investigador reveló que obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de la supuesta irregularidad en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

“Fajardo firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos”, dice la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por el ente acusador, al momento de dicho desembolso, en 2013, el dólar tenía un costo de 1.926 pesos, ya en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, lo cual, dicha obligación interna contraída en dólares, originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

Dicho detrimento resultó reflejado en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento estaba en los 600.000 millones de pesos y pasó a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos, hechos por lo cuales una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.