El Congreso presentó un recurso de revocatoria, una herramienta en la legislación colombiana que permite revocar actos administrativos que van en contra del interés de la ciudadanía, con el fin de evitar el alza en las tarifas de energía de 3000 pesos mensuales para estratos altos y 400 pesos para bajos (ver Tarifas de energía al garete y ganancias exorbitantes de las empresas prestadoras del servicio, denuncian senadores).

El representante a la Cámara, David Barguil, es el líder de la iniciativa que busca evitar que los colombianos asuman la crisis del sector de energía, es decir, los costos de las generadoras causados por el fenómeno de El Niño; al tiempo que en sus palabras se acepte se traspasaron los límites de legalidad con el decreto. En caso de no lograrlo, explicó que iniciará la gestión ante la justicia de lo contencioso administrativo para una acción de nulidad del acto.

Al respecto afirmó que «es injusto que seamos todos los colombianos los que tengamos que pagar en estos momentos de crisis ante unos negocios de privados que, en los momentos de bonanzas y utilidades, se las han repartido entre los bolsillos de los dueños de las termoeléctricas e hidroeléctricas del país. No puede ser que ahora, en momentos de crisis, socializan las pérdidas con todos los usuarios”.

Y es que el mayor descontento es por la pérdida de $7,5 millones de dólares recaudados por el cargo de confiabilidad desde 2006, el cual es pagado por los colombianos. «Los colombianos hemos pagado cumplidamente a los generadores la prima de un seguro energético que nos ha costado alrededor de 7.500 millones de dólares y exigimos que estas empresas asuman su responsabilidad», afirmó.

Por su parte, los senadores José David Name y Efraín Cepeda publicaron un comunicado el día de hoy aclarando que si bien el Congreso está haciendo control político, es importante tener en cuenta la realidad del Ministerio de Minas, respecto a que «los aumentos son provisionales y sirven para evitar una crisis mayor que afecte a los usuarios residenciales y a los sectores productivos de manera desmedida». Agregaron que «Colombia debe tener claro que no bajaremos la guardia en el control político a la Superservicios, al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg para que ese aumento que hoy se anuncia tenga realmente un carácter temporal» (ver Lo urgente es evitar un nuevo apagón eléctrico y hay que asumir sacrificios – Senadores Name y Cepeda).

Así mismo, afirmaron que es mejor el alza en la tarifa con un sacrificio de los colombianos que frenar inversiones en áreas como la educación. Sostuvieron que “desde el punto de las prioridades, entendemos que es mejor llamar a los colombianos, especialmente a los sectores más pudientes de la población, a aportar una dosis de sacrificio temporal para no tener que suspender la construcción de escuelas, hospitales, los subsidios a los desfavorecidos y otros programas sociales que se verían afectados si los dineros de los vulnerables se toman para evitar el apagón eléctrico”.