El político fue candidato presidencial por el movimiento político Fuerza Ciudadana, pero renunció pocas semanas antes de las elecciones para respaldar la candidatura de Iván Cepeda.

La jueza le impuso una pena principal de 117,6 meses de prisión —equivalentes a 9 años y 9 meses—, una multa de 4.453.229.734 de pesos y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena, además de la inhabilitación intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución para quienes cometen delitos contra la administración pública.

La sentencia, fechada en este miércoles, también determinó que Caicedo no se hace acreedor a ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por lo que el despacho ordenó librar en su contra la respectiva orden de captura una vez quede en firme el fallo.

Será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el encargado de definir el centro de reclusión donde cumplirá la condena.

Los hechos que sustentan el fallo

El proceso se centró en las irregularidades detectadas en la etapa precontractual del contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes SAS, por un valor de 6.532.759.830 de pesos y un plazo de ejecución de diez meses.

El contrato tenía como objeto el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, en Santa Marta.

Según el fallo, el 5 de junio de 2014, en su calidad de alcalde de la ciudad y presidente de la junta directiva de la ESE, Caicedo expidió el acuerdo No. 0004, mediante el cual autorizó al gerente de la entidad a adelantar los negocios jurídicos para la intervención de la infraestructura de esos puestos de salud, en su etapa precontractual y contractual, trámite en el que el despacho judicial halló las irregularidades que dieron origen al proceso penal.

Contra la sentencia procede el recurso de apelación, que debía interponerse en la misma audiencia y sustentarse dentro de los cinco días siguientes.

El fallo se produce después de que, semanas antes, la Fiscalía General de la Nación solicitara un fallo condenatorio y pidiera que no se le concediera ningún beneficio judicial al considerar que se trataba de delitos graves contra la administración pública, mientras la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Iván Cancino, insistió en que no existía evidencia de su participación directa en las irregularidades contractuales.

Tras conocerse la decisión, el abogado Julián Quintana celebró el sentido del fallo y aseguró que se trata de un paso importante en la búsqueda de justicia.

“Hemos logrado la condena en contra de Carlos Caicedo, un personaje que por mucho tiempo gozó de impunidad”, dijo.

Quintana agregó que “un juez de la República ha dado sentido del fallo y sentencia, y la encuentra responsable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado, sobre el caso de los puestos de salud”.

El abogado también afirmó que continuarán impulsando los demás procesos judiciales contra el exmandatario.

“Seguiremos adelante con las demás investigaciones y juicios, y como lo prometimos a la ciudad de Santa Marta y al país, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se siga haciendo justicia”.

El fallo pone fin a un proceso que se extendió por más de una década y se originó en hechos ocurridos entre 2014 y 2015, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend