Por Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

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¡Ojo! que el operativo ya está en marcha, tiene fecha definida, nos queda poco tiempo y, para nosotros, está todo por hacer dentro de la legalidad.

Desde 1994, insisto en la dictadura neomarxista del derecho de los jueces, con su lucha contra las otras ramas del poder y la consecuente lucha de clases[1]. Camuflados en el lenguaje del espíritu democrático y humanista de la mayoría de nuestros jueces y funcionarios, los intelectuales orgánicos, pocos pero estratégicamente ubicados (académicos, jueces, economistas y funcionarios gubernamentales, de extrema izquierda) inspirados en las ideas de Gramsci[2], han ido penetrando hasta dominarlo, el espectro del  poder, para torcerle el cuello a la Constitución y al principio de legalidad. Haciendo de mecenas libertarios y, a nombre del Estado social de derecho, lo han venido desacreditando hasta destruirlo. Y, la mayoría de los jóvenes, sedientos de justicia real, los apoyan, sin percibir que, a plena conciencia, los intelectuales orgánicos nos llevan hacia el abismo por ellos deseado, donde nos espera un populismo dictatorial de parido único, planificado desde hace años para América Latina. Cada intelectual orgánico cumple una función, seguro de que algún día su ideología triunfará. 

He sido golondrina solitaria en la denuncia de esta trampa en la que nuestra sociedad ha caído indolentemente. Por fortuna, ya hay jóvenes juristas que no tienen vergüenza de irse contra lo políticamente correcto. 

Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua vivieron el mismo camino eufórico del cual ya no hay retorno. Y, en la época del fascismo, del nazismo o del estalinismo, los que se decían “progresistas” seguían como un rebaño enceguecido a los lobos que prometían el paraíso terrenal mediante un partido único. Para esas juventudes, lo importante era estar a la moda.

El nuevo derecho o derecho de los jueces, con sus precedentes obligatorios, acabó con la Constitución, con el principio de legalidad y la seguridad jurídica, dizque con el ánimo de proteger al proletariado. Pero, detrás de esas sentencias populistas en favor de los necesitados, se esconden otros intereses de mayor calado: apropiarse del poder por medio de sus decisiones por fuera de la ley. Hoy, en sus manos está la soberanía del Estado entendida como la capacidad de decidir. Las altas cortes mantienen aniquilados a los legisladores y a los gobernantes. Unos y otros se arrodillan de miedo o por interés ante las veleidades de algunos jueces. Y, los intelectuales orgánicos al servicio del Gobierno, deciden según los dictados de su ideología extremista. 

Las altas cortes, por medio de unos pocos magistrados, han mancillado su magisterio, por venalidad, obsecuencia con los movimientos de izquierda, o por odio a sus contradictores. Unos mismos jueces liberan a subversivos o encarcelan a sindicados de otros partidos que también tienen derecho a defenderse en libertad, sean o no responsables. Con su poder omnímodo de decisión, algunos jueces nos tienen viviendo en un sistema populista de partido único creado desde su magisterio, aunque verbalmente sean pluripartidistas. Con su cobijo a la izquierda de partido único, al que se atraviese se lo llevan puesto. Creo que mi causa está perdida, pero no abandonada.

Vivimos un periodo turbio, anárquico y sin seguridad jurídica, primer paso de su proyecto. Ya hablan sin metáforas ni eufemismos, son la idea de que la estocada final nos espera en el 2022.

Los populismos de cualquier estirpe acuden a la relación amigo-enemigo para crear una lucha de clases entre sus seguidores y los que no lo son. Su ideal es que solo quepa su partido de gobierno. Por ahora, no les interesa administrar bien, sino lo contrario: destruir lo que funciona legalmente. Eso les da protagonismo y los legitima como líderes políticos. Si no tienen enemigos, los inventan. 

La prueba está a la vista. Aunque se piense que opino al calor del regionalismo, quiero ser sincero: en Antioquia siempre hemos recibido con afecto y respeto a funcionarios de otras regiones del país. Y estamos dispuestos, con gusto, a recibir a otros que lleguen a hacer las cosas bien. Pero es desafiante hasta la humillación, que un alcalde al servicio de un candidato de la más rancia extrema izquierda desafíe a toda una sociedad, sacando de sus puestos a los antioqueños que sean sus enemigos de ideología, para traer, sin necesidad, a personas de otras partes, excelentes algunas de ellas, por el solo prurito de golpear a quienes, en Medellín, piensan distinto del que se cree mecenas del proletariado, así lo disimule con sus declaraciones. ¿Qué sentido tiene crear esa polarización odiosa? Engendrar un enemigo contra el cual radicalizar su lucha política. 

Medellín está ofendida y dispuesta a lo que sea, para que se respete su identidad cultural, con todos sus defectos y virtudes. Alcalde, usted está jugando con candela, y como van las cosas, la primera confrontación política entre clases sociales se avecina en Medellín si se obsesiona en creer que la ciudad es suya y que los que no son sus áulicos, son sus enemigos.

Como se ve, la extrema izquierda está a punto de asestar el golpe, amparada en las instituciones formales. Se vienen meses de intranquilidad. Los desafueros seguirán para tantear hasta dónde aguantamos. Ellos y nosotros tenemos un tiempo, y es el de ahora mismo.

No soñemos con elecciones, ni referendos ni constituyentes. Todo está controlado con el candado de la Corte Constitucional. Solo hay un arma civilizada y eficiente que ningún gobierno aguanta: la calle. Marchemos en paz con velas encendidas. Hagamos una desobediencia civil, para ver si, por fin, los jueces y los funcionarios extremistas entienden que la cosa no les será tan fácil.

Defendamos el pluralismo, la libertad y los derechos sociales. Ese nos garantiza el Estado social de derecho.


[1] López Medina, El derecho de los jueces, 2007, Legis, Bogotá, p.267

[2] Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, Edicol, Buenos Aires, 2018, págs. 115 s.s.