La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la presunta agresión física y verbal a un concejal de la ciudad en hechos que habrían ocurrido el pasado 28 de noviembre.
Se trata del cabildante Jhon Claro, quien presuntamente le cuestionaba a Hernández por la participación de su hijo en una empresa del excongresista Fredy Anaya, dejando entrever que se trataba de un hecho de corrupción con el manejo de las basuras, a través de una contratación fallida con la firma Vitalogic, lo que terminó en el bochornoso acto de agresión de Hernández a Claro en el despacho municipal.
Por esta circunstancia el Ministerio Público ordenó la suspensión del mandatario, teniendo en cuenta que desde 2017 sobre él recaen acciones disciplinarias por quejas relacionadas con actitudes comportamentales y que habrían podido llevar a conductas reiteradas de vulneración a derechos como la dignidad y el buen nombre de quienes están en su entorno o interactúan con él en desarrollo de su gestión.
Para la Procuraduría los presuntos comportamientos reiterativos de Hernández, que han llegado de las agresiones verbales a la física, constituyen un agravante y se constituirían en elementos de juicio que denotarían conductas que podrían repetirse en caso de que el funcionario permanezca en el ejercicio de su cargo.
Dentro de la recopilación de pruebas dentro de la investigación disciplinaria, la Procuraduría decretó, además, recibir declaración juramentada al concejal, con el fin de que detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos el pasado miércoles.
