Por Lola Portela

La seguridad volvió a convertirse en el eje central del debate político en Colombia. En amplias regiones del país, la presencia de grupos armados ilegales, las amenazas contra líderes sociales, la extorsión y el control territorial de economías ilícitas están generando un clima de incertidumbre que no solo golpea la tranquilidad ciudadana, sino también la libertad democrática de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La preocupación crece porque, en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado, distintos sectores advierten que el miedo podría condicionar la participación política y alterar el libre ejercicio del voto. En varias zonas rurales del país persisten

denuncias sobre presiones de estructuras criminales y organizaciones armadas que buscan influir en comunidades enteras mediante intimidaciones, restricciones a la movilidad ycontrol social.

El panorama revive uno de los mayores temores de la democracia colombiana: que la violencia vuelva a convertirse en actor electoral.

Seguridad: el tema que puede inclinar la balanza presidencial

Analistas coinciden en que la percepción de inseguridad será determinante en las próximas elecciones. Más allá de las ideologías, los colombianos parecen exigir respuestas concretas frente al deterioro del orden público, el crecimiento de bandas criminales y la expansión de grupos ilegales en corredores estratégicos del país.

La razón es simple: sin seguridad no hay crecimiento económico sostenible. La inversión se frena, el turismo se reduce, la productividad cae y la confianza empresarial se deteriora. A esto se suma el impacto social que genera el miedo cotidiano en ciudades y zonas rurales.

Por eso, las propuestas en materia de seguridad empiezan a marcar diferencias entre figuras políticas como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes representan visiones profundamente distintas sobre cómo enfrentar la crisis.

Iván Cepeda: diálogo, implementación del acuerdo y seguridad humana

Iván Cepeda, uno de los principales referentes de la izquierda colombiana, y candidato del Pacto Histórico, ha defendido una estrategia basada en la implementación integral del Acuerdo de Paz.

Su enfoque plantea que la violencia no puede enfrentarse únicamente desde la vía militar, sino mediante inversión social, presencia institucional, desarrollo rural y negociaciones conactores armados ilegales. Cepeda insiste en que el abandono estatal en muchas regiones permitió el crecimiento de estructuras criminales y que la solución pasa por recuperar el tejido social.

Entre sus principales propuestas se destacan:

● Profundizar los procesos de paz y sometimiento.

● Fortalecer la presencia del Estado en territorios vulnerables.

● Impulsar programas sociales para jóvenes y comunidades rurales.

● Priorizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Sus críticos consideran que esta visión puede interpretarse como una señal de debilidad frente a organizaciones criminales que continúan expandiendo su poder territorial.

Sectores de oposición aseguran que el exceso de negociación podría aumentar la sensación de impunidad.

Abelardo de la Espriella: mano dura y autoridad del Estado

En contraste, el candidato independiente, del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella ha construido un discurso centrado en el fortalecimiento de la autoridad y

la recuperación del control institucional mediante acciones contundentes contra grupos armados y estructuras criminales.

Su propuesta gira alrededor de una política de seguridad de línea dura, con énfasis en el fortalecimiento militar y policial. De la Espriella sostiene que Colombia necesita restablecer

el principio de autoridad y devolver la confianza a ciudadanos y empresarios. A partir de allí se construye la “Patria Milagro”. El candidato presidencial Abelardo De la Espriella presentó una propuesta de seguridad y política social que combina medidas punitivas contra el crimen organizado con estrategias de atención a personas con problemas de adicción.

Entre los puntos más visibles de su discurso están:

● Incremento de operaciones militares contra grupos armados.

● Inversión en inteligencia y tecnología.

● Erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación

● Endurecimiento de penas contra extorsión y narcotráfico.

● Mayor respaldo jurídico y operativo a Fuerzas Armadas y Policía.

● Recuperación territorial mediante presencia permanente del Estado.

● Construir 10 mega cárceles para encerrar a los bandidos que atenten contra el

pueblo colombiano.

● Creación de 10 mega centros de rehabilitación enfocados en el tratamiento integral de personas con adicciones. Estos espacios, explicó, contarían con equipo especializados y programas orientados a la recuperación y reintegración social.

En su diagnóstico, el narcotráfico sigue siendo el eje central de la violencia en Colombia. Por eso, planteó “empezar a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que son las más de 330.000 hectáreas de coca”, al tiempo que propuso

“bombardear los campamentos de los narcoterroristas” como parte de una ofensiva integral.De la Espriella insiste en que la intervención no solo sería en áreas históricamente

afectadas por el conflicto, también en ciudades, con un enfoque en la seguridad cotidiana.

“Tomarnos las ciudades en cada cuadra, en cada parque, en cada pueblo, para que la gente esté tranquila cuando sus hijos van al parque”, explicó, al referirse a delitos comoel microtráfico, el hurto y la violencia urbana.

Para sus seguidores, esta propuesta representa una respuesta clara frente al deterioro de la seguridad, el incremento del narcotráfico en el país y su afectación social . Sin embargo, críticos advierten que una estrategia exclusivamente represiva podría aumentar

tensiones sociales y revivir escenarios de confrontación.

Paloma Valencia: seguridad democrática

y fortalecimiento institucional

La senadora Paloma Valencia, una de las voces más fuertes del uribismo, propone retomar una política de seguridad democrática, que aplicó Álvaro Uribe, enfocada en combatir frontalmente a las organizaciones criminales y recuperar la autoridad estatal en las

regiones.

Valencia sostiene que Colombia atraviesa una crisis de gobernabilidad derivada deldebilitamiento de las Fuerzas Armadas y del crecimiento del narcotráfico. Su visión apuesta por combinar ofensiva militar, inteligencia y fortalecimiento judicial.

Entre sus propuestas se destacan:

● Reforzar capacidades operativas de Fuerzas Militares.

● Combatir economías ilegales como narcotráfico y minería criminal.

● Incrementar la inversión en inteligencia y tecnología.

● Garantizar seguridad para el sector productivo y la inversión privada.

La dirigente considera que sin control territorial es imposible garantizar democracia, empleo

y crecimiento económico. Sus detractores cuestionan que una política centrada en la confrontación pueda dificultar escenarios de diálogo y reconciliación.

Tres visiones, un mismo desafío

Aunque las diferencias ideológicas entre Cepeda, De la Espriella y Valencia son profundas, existe un punto común: todos reconocen que la seguridad será decisiva para el futuro político y económico de Colombia.

El debate no solo gira en torno a cómo combatir la violencia, sino sobre qué modelo de país quieren construir los colombianos en medio de una creciente incertidumbre, por el incremento y fortalecimiento de los grupos armados en Colombia.

Mientras unos defienden el diálogo como salida estructural al conflicto, otros consideran indispensable recuperar el control mediante autoridad y fuerza institucional. Esa diferencia podría convertirse en el factor definitivo para inclinar la balanza electoral.

Y es que en Colombia, una vez más, la seguridad dejó de ser únicamente un tema de orden público para convertirse en la principal preocupación democrática y económica del país.

Colombia enfrenta actualmente un panorama complejo con más de 60 grupos criminales y armados ilegales activos, reflejo de una fragmentación tras los acuerdos de paz. Se estiman más de 25,000 integrantes armados en total, destacando el Clan del Golfo (AGC), el ELN y diversas disidencias de las FARC.

Estos grupos tienen presencia en 30 departamentos, con alto control ilegal en zonas del Pacífico, Antioquia, Cauca y la frontera con Venezuela.El fenómeno ha pasado de 53, en el 2024, a 61 grupos criminales, provocando mayor violencia en el territorio por disputas de control, especialmente tras la fragmentación de las disidencias.

Estos grupos, clasificados como GAO (Grupos Armados Organizados) o GDO (Grupos de Delincuencia Organizada), se disputan rutas de narcotráfico y economías ilícitas en el país

Y en unas elecciones del 2026, ya marcadas por el miedo y la tensión territorial, la pregunta de millones de colombianos será contundente ¿quién puede garantizar realmente la estabilidad de la nación?