La entidad concluyó que los tres no cumplían con las condiciones necesarias para continuar con la protección. Los esquemas representaban un costo cercano a $40 millones mensuales para el Estado.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo que habían recibido protección durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión se tomó después de que la entidad realizara una nueva evaluación de las condiciones de seguridad de los tres. El análisis concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de protección, cuyo costo conjunto para el Estado rondaba los $40 millones cada mes.

La medida (revelada por el diario El Tiempo) se toma en medio de la controversia que generaron las condiciones bajo las cuales se habían concedido algunos de estos esquemas durante la administración anterior.

El caso de Gabriela Muñoz

Uno de los casos que puso el tema en el centro de la discusión fue el de Gabriela Muñoz, a quien se le asignó protección poco antes de terminar el Gobierno Petro.

La joven había sido vinculada a un grupo político como argumento para acceder al esquema, según la información conocida sobre la decisión. Sin embargo, posteriormente sostuvo que la protección obedecía a amenazas que habría recibido.

Muñoz presentó una denuncia ante la Fiscalía por esas amenazas. No obstante, de acuerdo con fuentes del ente investigador, la Fiscalía no pidió que se le asignara un esquema de seguridad, sino que solicitó una valoración para establecer cuál era su nivel de riesgo.

El caso también había generado cuestionamientos por la cercanía de Muñoz con el petrismo y por señalamientos relacionados con presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Gabriela Muñoz fue señalada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo Adaptación, quien la acusó de tener una presunta influencia en decisiones de la Aerocivil.

A estas afirmaciones se sumaron cuestionamientos del representante a la Cámara Daniel Briceño sobre posibles irregularidades en nombramientos dentro de la entidad y sobre la participación de integrantes de la familia Muñoz Olaya. Uno de los hechos mencionados en medio de la controversia fue el nombramiento de Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, como auxiliar V de la Aerocivil.

La Procuraduría General de la Nación abrió a finales de julio una indagación previa para establecer si pudieron presentarse irregularidades en procesos de contratación, vinculación de personal y toma de decisiones dentro de la Aerocivil, esta actuación se encuentra en una fase preliminar.

Ante las acusaciones, Gabriela Muñoz ha rechazado los señalamientos y sostiene que los cuestionamientos en su contra hacen parte de una estrategia para afectar su imagen: “No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde”, afirmó.

A pesar del contexto, la UNP determinó que las condiciones que sustentaban la protección ya no eran suficientes para mantenerla.

El caso de Juliana Guerrero

El 26 de marzo, la Fiscalía llevó ante un juez el caso de Juliana Guerrero por la presunta utilización de documentos académicos falsos. La investigación busca determinar si esos títulos fueron incorporados a su hoja de vida con el propósito de acreditar requisitos que le permitieran aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

Durante la audiencia de imputación, el ente acusador afirmó que Guerrero habría presentado documentos que aparentaban ser auténticos, con formatos y firmas institucionales, para sustentar la información consignada en su trayectoria académica. Según explicó la Fiscalía, esto habría ocurrido “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (…) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”.

El organismo investigador señaló además que los títulos académicos expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación tienen la naturaleza de documentos públicos. Por ello, sostuvo que su eventual utilización irregular podría comprometer la confianza depositada en este tipo de documentos. “Los documentos anteriores ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”, precisó la Fiscalía.

Pero ese no es el único frente judicial que involucra a Guerrero. El 27 de julio, la Fiscalía inició actuaciones para determinar si ella y su hermana, Verónica Guerrero, habrían participado en un esquema para gestionar contratos estatales a cambio de presuntas comisiones.

La hipótesis que se investiga apunta a que las hermanas habrían ofrecido sus contactos e influencia ante funcionarios de distintas entidades públicas para favorecer a particulares interesados en obtener contratos. Las diligencias están siendo adelantadas por la Policía Judicial y, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, el caso quedaría en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

La investigación surgió después de que la revista Semana revelara el presunto funcionamiento de esa estructura. De acuerdo con esa información, el supuesto esquema contemplaba un cobro inicial de $1 millón por una reunión, un anticipo de $200 millones para poner en marcha las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.

Los negocios bajo investigación estarían relacionados con entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Guerrero ha negado esas acusaciones. Afirmó que supuestamente “nunca” se había “reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” y sostuvo que desde hacía más de un año “no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”.