Por Brigadier General (RA) Jorge Ricardo Hernandez Vargas

Abelardo de la Espriella no recibirá un Ejército derrotado. Recibirá algo distinto y, en ciertos aspectos, más peligroso: un Ejército que conserva hombres valerosos, unidades con experiencia y una tradición de combate extraordinaria, pero cuyas capacidades fueron debilitadas mientras las amenazas crecían.

Esa diferencia es fundamental. Derrotado es aquel ejército que ha perdido su voluntad de luchar. El Ejército colombiano no la ha perdido. Nuestros soldados siguieron combatiendo; oficiales y suboficiales siguieron patrullando y adelantando operaciones militares contra los grupos armados organizados, en medio de las limitaciones de la fracasada Paz Total. Muchos héroes dieron lo más valioso por defender a su país: la vida misma. Otros quedaron heridos o mutilados en cumplimiento de la misión. El problema no estuvo en el nivel táctico, en la base. El problema estuvo arriba: en decisiones políticas, restricciones operacionales, ceses al fuego mal concebidos, inestabilidad en el mando, deterioro logístico y una burocracia incapaz de moverse a la velocidad de la guerra.

Lo digo con conocimiento de causa. Comandé tropas en Antioquia, Cesar y La Guajira. Vi de frente al ELN, a las disidencias, al Clan del Golfo y a otras estructuras criminales. Vi también el sacrificio diario de soldados que cumplían la misión aun cuando el ambiente político y jurídico les enviaba señales contradictorias.

Por eso, si me preguntan qué Ejército recibe el Tigre, mi respuesta es clara: recibe una institución noble y todavía poderosa, pero debilitada en capacidades esenciales, golpeada en su moral y obligada a enfrentar organizaciones ilegales que hoy tienen más hombres, más dinero, más territorio y más tecnología que hace cuatro años.

Las cifras no admiten discursos

Este no es solamente un juicio político. Es un balance que puede discutirse con datos. Como dicen por ahí: “dato mata relato”.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, construido con información oficial del Ministerio de Defensa, señaló que los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Es un crecimiento cercano al 90 %. En el mismo periodo, las disputas entre organizaciones armadas se duplicaron: pasaron de siete a catorce. Solo durante 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre esos grupos, la cifra anual más alta desde 2016.

La coca también habla. Naciones Unidas reportó 230.000 hectáreas sembradas en 2022, 253.000 en 2023 y 261.000 en 2024. No toda hectárea de coca se convierte automáticamente en poder armado, pero, en buena parte de la Colombia rural, la cocaína sigue financiando la compra de armas, el reclutamiento de menores, el terrorismo, el asesinato, la depredación ambiental, la inteligencia criminal y el control ilegal del territorio.

La niñez pagó una parte brutal de esa expansión. La Defensoría del Pueblo registró 409 víctimas de reclutamiento forzado en 2024, frente a 342 en 2023. Para 2025 reportó cerca de 260 casos y ha advertido reiteradamente que existe subregistro. Cada menor reclutado no es una estadística: es una vida destruida, una familia desgarrada y un nuevo combatiente incorporado al sistema criminal.

La guerra, además, cambió. Entre 2024 y 2025 se registraron 264 ataques con drones atribuidos principalmente al ELN y a disidencias de las FARC. Esos ataques dejaron 15 soldados muertos y 153 heridos. Mientras el enemigo adaptaba drones comerciales para lanzar explosivos, el Estado seguía atrapado en estudios previos, comités, autorizaciones y procesos contractuales que tardan meses o años.

Entonces no nos distraigamos con eufemismos. Al finalizar el gobierno Petro, Colombia tiene organizaciones ilegales más robustas, mejor equipadas y armadas, economías ilícitas en niveles históricos, más disputas territoriales y una amenaza tecnológica que evolucionó más rápido que nuestros procedimientos. Ese es el campo de batalla que recibe el nuevo presidente.

Una capacidad militar no se compra con un cheque

Una capacidad militar no es simplemente un fusil, un helicóptero o un dron. Es un sistema. Requiere doctrina, organización, material y equipo, personal, infraestructura, liderazgo y educación, entrenamiento y mantenimiento. En el lenguaje militar hablamos de DOMPILEM.

Si uno de esos componentes falla, la capacidad se reduce. Si varios se deterioran al mismo tiempo, la degradación se vuelve sistémica. Eso fue lo que ocurrió durante los cuatro años del gobierno Petro: se afectaron simultáneamente componentes humanos, materiales, operacionales, diplomáticos y doctrinales.

Una capacidad que tomó diez o veinte años construir puede destruirse en poco tiempo. Recuperarla exige mucho más que anunciar una compra. Se necesitan tripulaciones y técnicos con experticia, repuestos, instructores, doctrina, infraestructura, cadenas logísticas y horas de entrenamiento para adquirir destreza, experiencia y confianza institucional.

Primer debilitamiento: el capital humano y el mando

El primer golpe se produjo en la cabeza de la institución. En agosto de 2022 salieron decenas de generales y almirantes de las Fuerzas Militares y de la Policía. Las cifras publicadas varían según el corte utilizado, pero todas coinciden en que fue uno de los relevos más profundos de la historia reciente.

Alguien puede decir que los generales salen en todos los gobiernos. Es cierto y esto no va a cambiar. El problema no es que salga un general. El problema es lo que sale con él cuando los relevos son masivos y no responden a una transición cuidadosamente planeada.

Salen décadas de experiencia operacional. Sale conocimiento sobre el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, las fronteras, los corredores, las redes de apoyo y las economías ilícitas. Así mismo y más grave aún, cuando también se pierde personal experimentado de inteligencia, se pierde memoria operacional, como ocurrió con el gobierno Petro.

Un computador almacena información. Un analista experimentado de inteligencia, la entiende. Sabe quién es quién, reconoce patrones, conecta alias con familias y corredores, distingue el ruido de la señal y puede anticipar un ataque. Eso no se reemplaza con un curso de seis meses. Se construye durante años.

El Tigre debe evitar dos errores. El primero sería creer que todos los oficiales que permanecieron durante el gobierno anterior están políticamente comprometidos con él. El segundo sería responder con otra barrida indiscriminada. Las Fuerzas Militares no pueden pasar de una purga a otra. La recuperación exige mérito, carácter, experiencia, resultados y lealtad constitucional; no venganzas ni cuotas políticas.

Segundo debilitamiento: la movilidad

En una guerra de carácter irregular, asimétrico e híbrido como la que se desarrolla en territorio colombiano, movilidad significa poder. Tenemos selva, montaña, ríos, fronteras y extensos territorios sin carreteras; es decir, una geografía compleja. El comandante que no puede mover tropas, abastecer una base o evacuar a un herido pierde iniciativa.

La crisis de los helicópteros Mi-17 resume el problema. Colombia contaba con veinte aeronaves de ese tipo y, para abril de 2025, informes públicos advertían que solo cinco se encontraban operativas. Quince de veinte estaban en tierra: apenas una cuarta parte del inventario disponible para volar.

Después apareció el escándalo contractual. La Procuraduría informó en octubre de 2025 que el contrato de mantenimiento registraba solo un 8 % de avance, aunque ya se había desembolsado el 50 % de su valor: 16 millones de dólares. Posteriormente, la Fiscalía presentó ante los jueces una hipótesis de corrupción alrededor de la adjudicación. Esa investigación deberá definir responsabilidades individuales, pero la consecuencia operacional ya ocurrió.

Un helicóptero parado no es un problema abstracto de contratación. Es una patrulla que no llega, una unidad que no recibe abastecimiento, un herido que espera más tiempo y una reacción que puede llegar demasiado tarde. Eso es pérdida real de capacidad militar.

Tercer debilitamiento: las alianzas estratégicas

Colombia no construyó sola todas sus capacidades. Durante décadas, Estados Unidos e Israel fueron socios fundamentales.

Con Estados Unidos desarrollamos inteligencia, movilidad, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico, entrenamiento, tecnología e interoperabilidad. Plan Colombia no fueron solamente 16.000 millones de dólares aportados por los contribuyentes estadounidenses. Fue conocimiento, doctrina, confianza y una arquitectura de cooperación que ayudó a evitar el colapso del Estado en otro de los momentos más difíciles de nuestra historia.

Esa relación atravesó tensiones políticas durante el gobierno Petro. Aun cuando la cooperación institucional continuó, el lenguaje, las diferencias sobre narcotráfico y las señales diplomáticas afectaron la confianza. Una alianza estratégica no se destruye con una sola declaración, pero tampoco es inmune a cuatro años de fricciones.

Con Israel el problema fue más directo. Colombia rompió relaciones diplomáticas el 2 de mayo de 2024. La Cancillería formalizó la decisión y el propio Gobierno sostuvo que se respetarían los contratos vigentes, pero que no se celebrarían otros nuevos. El desafío era evidente: durante décadas, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea Colombiana construyeron capacidades alrededor de fusiles Galil, aviones Kfir, sistemas electrónicos, comunicaciones, municiones y componentes de origen israelí.

Cambiar un ecosistema tecnológico no es cambiar de automóvil. Supone nuevos repuestos, manuales, instructores, herramientas, simuladores, cadenas de mantenimiento, doctrina y entrenamiento. La política exterior puede adoptar las decisiones que considere, pero tiene la obligación de medir y mitigar sus consecuencias sobre la defensa nacional. Eso fue, precisamente, lo que no hizo el gobierno Petro, y hoy vemos y pagamos las consecuencias.

Cuarto debilitamiento: la iniciativa operacional

La Paz Total partió de una aspiración legítima: reducir la violencia mediante la negociación. De hecho, gobiernos de izquierda y de derecha, a lo largo de la historia de nuestra nación, han intentado negociar con guerrillas, paramilitares y grupos criminales de todo pelambre. El problema del gobierno Petro no fue querer la paz. Su problema fue entregar tiempo, espacio e iniciativa sin exigir de manera suficiente que las organizaciones ilegales dejaran de delinquir y fortalecerse.

En determinados territorios, los ceses al fuego produjeron restricciones e incertidumbre. Las unidades debían interpretar hasta dónde podían actuar contra estructuras sentadas en una mesa mientras esas mismas estructuras reclutaban, extorsionaban, disputaban corredores y ampliaban sus economías ilícitas.

Se produjo una paradoja trágica: el Estado negociaba tiempo y los criminales utilizaban ese mismo tiempo para acumular poder. Cuando el Gobierno quiso recuperar la ofensiva, varias organizaciones eran más grandes, estaban más fragmentadas, empleaban drones y habían ampliado su control sobre vastos territorios.

Esto se entiende mejor desde lo que he denominado la Trinidad Criminal Híbrida. Las amenazas actuales combinan tres elementos: un ejército ilegal que ejerce coerción; una economía ilícita que le proporciona recursos; y control territorial y social mediante formas de gobernanza criminal. A esos tres componentes se suma una dimensión cognitiva transversal: propaganda, desinformación, intimidación y disputa por la legitimidad.

No enfrentamos simples bandas. Enfrentamos sistemas de poder que cobran impuestos, imponen horarios, reclutan menores, administran justicia criminal, controlan economías, constriñen a los votantes y deciden quién puede entrar o salir de una comunidad. Recuperar la iniciativa exige golpear simultáneamente la estructura armada, las finanzas y la gobernanza criminal. Si solo se combate una parte, el sistema se recompone.

Los cuatro males del Ejército que recibe el Tigre

Si tuviera que resumir el estado actual del Ejército en cuatro expresiones, diría que recibe un Ejército vetusto, golpeado en su capital humano, con problemas de disciplina y excesivamente burocrático.

Primero, un Ejército vetusto. No todo el equipo es inútil ni toda capacidad está obsoleta. Pero existen plataformas envejecidas, rezagos de mantenimiento y brechas frente a drones, guerra electrónica, sensores, inteligencia artificial, municiones merodeadoras y sistemas modernos de comando y control. En Ucrania, el proceso para adquirir una ventaja tecnológica puede durar un par de semanas. En Colombia, un proceso de adquisición puede tardar meses o, por qué no, años.

Segundo, un Ejército golpeado física y mentalmente. Tenemos hombres heridos, lesionados, enfermos y afectados psicológicamente. También existen numerosos excusados del servicio que deben ser evaluados con rigor, humanidad y honestidad. Debemos recuperar a quien pueda recuperarse, proteger a quien quedó limitado por el servicio y evitar que siga haciendo carrera una cultura de evasión, favorecida por vacíos o por la falta de seguimiento a los procesos. Un Ejército debe ser fuerte física, mental y moralmente para poder derrotar al adversario.

Tercero, un Ejército con problemas de disciplina. Durante los últimos cuatro años hizo carrera un discurso político inconveniente que quiso interpretar la institución por medio de una narrativa de lucha de clases. La Fuerza no puede enfrentar al oficial con el suboficial, ni al suboficial con el soldado. La cadena de mando debe ser legítima, respetuosa y acompañada de liderazgo. Pero debe existir. Cuando se rompe la confianza vertical, la disciplina se deteriora. Y un Ejército sin disciplina deja de ser Ejército. Desafortunadamente, hemos visto casos de este tipo en las noticias y en las redes sociales: soldados enfrentados en batallas campales o contra sus cuadros de mando. Es un fenómeno que no se puede tolerar en un ejército profesional.

Cuarto, un Ejército burocrático. Estamos tratando de enfrentar organizaciones del siglo XXI con procedimientos administrativos diseñados para otra época. El enemigo cambia una frecuencia, un software o un dron en semanas. Nosotros podemos tardar nueve meses en adquirir la contramedida. Cuando finalmente llega, la guerra ya cambió. Rapidez no significa corrupción, pero control tampoco puede significar parálisis.

El Jaguar: soberanía sí, improvisación no

El caso del fusil Jaguar merece una discusión seria, sin patrioterismo ni desprecio por la industria nacional.

Yo celebro que Colombia quiera desarrollar un fusil propio. La soberanía tecnológica es deseable y la industria militar debe crecer. Pero una cosa es presentar un prototipo y otra declarar que existe una capacidad madura.

Durante las pruebas realizadas entre el 14 y el 16 de mayo de 2026, dos integrantes de la Fuerza Pública resultaron lesionados por una liberación no controlada de gases asociada al sistema de cierre. El Ministerio de Defensa e Indumil reconocieron la necesidad de ajustes y modificaron el cronograma. Informes conocidos posteriormente señalaron observaciones sobre seguridad, confiabilidad mecánica, resistencia, trazabilidad e interoperabilidad. El Ejército aclaró que no había solicitado una compra masiva porque el arma seguía siendo un prototipo sin todas las certificaciones requeridas.

Eso no significa abandonar el Jaguar. Significa madurarlo: probarlo, romperlo, corregirlo y volverlo a probar; llevarlo al barro, la selva, el desierto, la humedad y a miles de disparos. Un fusil no se evalúa en una ceremonia. Se evalúa cuando la vida de un soldado depende de que este dispare.

El nuevo Gobierno debe apoyar la industria nacional, pero jamás convertir a los soldados en banco de pruebas de una decisión política. Soberanía sí. Improvisación no.

El desafío de la nueva cúpula militar

El Tigre recibirá un enorme desafío, pero también una oportunidad histórica. No basta con hablar fuerte, cambiar la cúpula o aumentar el presupuesto. Tendrá que reconstruir una capacidad integral.

Primero, deberá recuperar la iniciativa operacional y establecer reglas claras frente a los grupos armados. Negociar no puede volver a significar dejar de combatir el delito, el reclutamiento, la extorsión o el narcotráfico.

Segundo, tendrá que reconstruir inteligencia y memoria operacional. Sin inteligencia, la fuerza golpea sombras. Con inteligencia, puede anticipar, desarticular finanzas y proteger a la población.

Tercero, deberá recuperar movilidad, mantenimiento y disponibilidad. No interesa cuántos equipos figuran en un inventario, sino cuántos están listos para cumplir la misión esta noche.

Cuarto, tendrá que restablecer alianzas sin complejos ideológicos. Colombia necesita cooperación con Estados Unidos, Israel, Europa y otros socios capaces de aportar tecnología, entrenamiento e interoperabilidad. La soberanía no consiste en aislarnos; consiste en decidir con quién cooperamos para defender nuestros intereses.

Quinto, deberá reformar la adquisición de capacidades urgentes. Necesitamos velocidad con transparencia, control con oportunidad y responsabilidad con resultados.

Sexto, tendrá que fortalecer al soldado, al suboficial y al oficial. Mejor bienestar, salud física y mental, entrenamiento realista, disciplina, liderazgo y respaldo jurídico. El soldado no puede seguir recibiendo discursos de gratitud mientras combate con incertidumbre jurídica y equipos que no siempre están disponibles.

Y, finalmente, tendrá que escoger generales institucionales: hombres y mujeres capaces de obedecer dentro de la Constitución, pero también de decirle la verdad. El presidente no necesita aduladores con soles. Necesita comandantes que le adviertan cuando una decisión política puede costar vidas, territorio o capacidad estratégica.

El Tigre y la nueva cúpula militar no reciben ruinas; reciben una deuda

Sería injusto decir que el nuevo Gobierno recibe unas Fuerzas Militares destruidas. La institución conserva experiencia, doctrina, unidades extraordinarias y miles de hombres y mujeres dispuestos a servir. Pero también sería irresponsable ocultar el deterioro.

Abelardo de la Espriella recibe una deuda acumulada: recuperar capacidades mientras combate amenazas fortalecidas. Tendrá que hacerlo con restricciones fiscales, urgencias tecnológicas, territorios disputados y una sociedad que exige resultados rápidos.

No hay tiempo para triunfalismos. Tampoco para purgas, improvisaciones o propaganda. La reconstrucción debe comenzar con un diagnóstico honesto y continuar con un plan de largo plazo basado en DOMPILEM: doctrina, organización, material, personal, infraestructura, liderazgo, educación, entrenamiento y mantenimiento.

Yo sigo creyendo en el Ejército de Colombia porque conozco a sus soldados; yo fui uno de ellos. Los vi combatir en la montaña, la selva y el desierto. Sé de qué son capaces cuando cuentan con liderazgo, inteligencia, movilidad, respaldo jurídico y una misión clara.

El Tigre y la nueva cúpula no reciben un Ejército sin valor. Reciben un Ejército al que hay que devolverle capacidad, confianza e iniciativa. Esa tarea no admite mordazas ni medias verdades. El país debe conocer lo que se perdió, lo que todavía permanece y lo que tendremos que reconstruir.

El Tigre y su nueva cúpula no llegan para administrar la derrota ni para explicar el deterioro. Llegan para recuperar el territorio, devolverle la iniciativa al Ejército y demostrarles a los criminales que el Estado colombiano volvió a ejercer autoridad. Ese será su verdadero examen ante la nación y ante la historia