Por Jose David Name

Senador de la República.

Estamos a punto de acabar un conflicto armado de más de medio siglo, en un proceso complicado pero meritorio desde todo punto de vista. Al mismo tiempo, infortunadamente, demostramos absoluta incapacidad para resolver el grave problema de la alimentación en los hogares comunitarios y las escuelas de Colombia.

Mientras el programa escolar fue administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, no escapó a la politiquería ni a la corrupción en las regiones a donde llega. Para darle transparencia y agilidad, el Gobierno Nacional lo transfirió al Ministerio de Educación que ha demostrado con los años que también se le salió de las manos, con iguales o mayores tropiezos.

Para colmo de males, la alimentación escolar pasó luego a un esquema de binomio en el que las gobernaciones y distritos entraron a contratar por su cuenta el programa con recursos que asigna el Ministerio que aparentemente ejerce monitoría y vigilancia. El remedio ha resultado peor que la enfermedad.

A falta de una solución y administración apropiadas, la alimentación que es beneficio social sagrado para la población de primera infancia, niños y adolescentes de bajos recursos en grupos vulnerables, enfrenta dos áreas de dificultades.

Una se ubica en los hogares comunitarios responsabilidad del ICBF y la otra en los colegios públicos en departamentos, distritos y municipios certificados y no certificados, lo cual en muchos entes territoriales se ha convertido en amenaza contra la cabal aplicación de la jornada única escolar.

En ambos casos la corrupción y la politiquería es lo que ha prevalecido, con la anuencia del Gobierno Central que observa, supuestamente controla, aparentemente denuncia pero no llega al fondo de nada y los vicios se mantienen incólumes.

En el último lustro el desastre de la alimentación en los hogares comunitarios y en los colegios públicos, ha sido predominante en detrimento de la salud de millones de infantes y jóvenes que esperan esta ayuda del Estado para visionar algún tipo de futuro en sus vidas, ya de por sí desarrollada en condiciones precarias.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y algunas secretarías departamentales de salud han expedido informes contundentes que revelan el negociado de la alimentación en los hogares comunitarios y las escuelas, acompañados de una gran dosis de escándalo y golpes de pecho pero han sido más ruido que nueces.

En el Congreso de la República fracasó en la legislatura pasada un intento de creación de la Agencia Nacional de Alimentación, porque las distintas fuerzas políticas no pudieron ponerse de acuerdo y los distintos actores en lugar de consensuar lo que hicieron fue confrontar.

También quedó en el camino una propuesta del Contralor General de la República, Edgardo Maya, para crear una Unidad Administrativa Especial, que sacara del Ministerio de Educación el tema de la alimentación escolar. Pese a que las denuncias del ente de control han sido prolijas en casos escandalosos, nada va más allá de un titular de prensa.

La Fiscalía hizo operativos con fotos y exceso de videos periodísticos en el Atlántico, pero el tema no pasó de la rueda de prensa del Fiscal General encargado. En resumen, los bandidos siguen sueltos en los departamentos, la plata la siguen girando y se la continúan robando y la alimentación brilla por su pobre calidad cuando la sirven.

La alimentación en los hogares comunitarios y en las escuelas tiene que desminarse de la corrupción y la ineficiencia, para que no siga amputando los sueños y la buena salud de nuestros niños y jóvenes. Es por ello que valdría la pena avanzar en soluciones.

Soluciones que podrían salir de una gran mesa de trabajo por la unidad nacional en materia de alimentación escolar, con participación del Ministerio Educación, el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, los órganos de control, los bancos de alimentos de la Iglesia Católica, los organismos no gubernamentales que en el país agencian programas de este tipo y el área de grandes superficies de Fenalco que tienen experiencia en la operación de compra y venta de alimentos, cuyo aporte puede ser muy valioso. La FAO también debería estar presente como brazo institucional de las Naciones Unidas, que vive atenta a la solución de conflictos externos e internos. Y es el hambre es uno de los más delicados.

Lo que hagamos en este escenario también será para sellar la paz y sembrar para la reconciliación en el posconflicto. Si la buena alimentación hace las paces con la honestidad y la transparencia y la correcta operación del programa, los niños que hoy nutriremos adecuadamente serán los garantes y constructores de la paz del mañana. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com