Amylkar D. Acosta M1
Como era de esperarse Gas Natural SDG S.A y Gas Natural Fenosa
Electricidad Col. S. L (GNF) reaccionó a través de un comunicado de prensa
originado en Barcelona (España), en donde está domiciliada, cuestionando la
toma de posesión de su filial en Colombia ELECTRICARIBE por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos. Como es bien sabido esta optó por la
intervención el pasado 14 de noviembre, ante la inminencia de la cesación de
pagos a que estaba abocada la empresa y ante la imposibilidad de esta de
seguir prestando el servicio de energía eléctrica con eficiencia, calidad y
continuidad, como lo manda la Ley 142 y 143 de 19942
En efecto, ELECTRICARIBE no sólo venía incumpliendo con las inversiones
del componente del Plan5Caribe a las cuales se había obligado, aduciendo
problemas de caja, los mismos que la llevaron al extremo que varios de los
contratos que tenía suscrito con los generadores se quedaron sin garantías. Su
situación financiera estaba tan comprometida que según Deloitte, Auditora
externa de ELECTRICARIBE, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad
financiera”.
Ello dio pie para que los generadores le cancelaran los contratos bilaterales,
viéndose compelida ELECTRICARIBE a recurrir a la Bolsa, con lo cual su
exposición en ésta pasó abruptamente del 22% al 70% (¡!), encareciéndole el
precio del kilovatio que paga uno cualquiera de sus 2´565.855 usuarios. Entre
tanto la calamidad pública en que se convirtió la pésima calidad del servicio
que venía prestando ELECTRICARIBE empeoró sensiblemente en los últimos
años, a tal punto que la intermitencia del fluido eléctrico pasó de un promedio
de interrupciones de 83.49 horas en 2014, a 93 horas en 2015, superándolas en
2016, en contraste con las 45.6 horas promedio nacional.
La Superintendencia de Servicios Públicos no podía dar más espera y mucho
menos se podía cruzar de brazos ante la inminencia de un apagón en la región
Caribe3 y mediante la Resolución 20161000062785 resolvió tomar el toro por
los cuernos. Y no era para menos, pues si bien la Constitución4 y la Ley5
abrieron la posibilidad de que empresas particulares presten los servicios
públicos, sigue siendo el Estado colombiano el que está obligado a garantizar
su prestación eficiente. Es su responsabilidad evitar que se consumaran los
amagos de limitación de suministros, de los cuales ya había advertido
reiteradamente la firma XM, que es la que administra la operación del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y por ello era, además de ineluctable,
inaplazable la intervención.
Mientras Edgardo Sojo como nuevo Presidente de ELECTRICARIBE y Javier
Lastra, como Agente Especial interventor se encargan de sacar a la empresa
del estado crítico en el que estaba y la Superintendencia de Servicios Públicos
le da respiración boca a boca para estabilizarla, inyectándole recursos por
valor de $520.000 millones a través del Fondo Empresarial, GNF acaba de
presentar un recurso de revocatoria directa de la Resolución que dispuso la
intervención. Alega GNF que dicha actuación por parte de la Superintendencia
no se ajusta a la Ley, aduciendo entre otras razones que dicha Resolución no
contempla la autorización de la CREG para proceder en consecuencia. La
verdad sea dicha, lo que no podía la Superintendencia era pretermitir tal
prerrequisito legal, pero ello no se podía asumir o esgrimir como motivación
de la decisión tomada. Tal argucia por parte de GNF no pasa de ser una
leguleyada de baja estofa.
Detrás de los artilugios jurídicos a lo que ha venido apelando GNF desde que
a mediados de julio “notificó formalmente”6 al Estado colombiano de la
“existencia de una controversia”.
En torno a ELECTRICARIBE, está toda una
estrategia fríamente calculada para denunciar ante la Corte Internacional de
Arbitramento del CIADI para que la dirima. Desde entonces todos sus pasos
han sido fríamente calculados para tratar de salirse con la suya y este es uno
de ellos. Al momento de notificar su controversia, escudándose en el Acuerdo
para la Protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España
pretextó que se trataba de encontrar “soluciones integrales que permitan
garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la costa
Caribe, que es lo que menos les interesa.
A partir del momento de la notificación están corriendo los seis meses, que
son los términos previstos para que, de no haberse llegado a un acuerdo entre
las partes, procedería la convocatoria del temido Tribunal; quiere esto decir
que estamos a sólo días de este plazo perentorio. De ello son absolutamente
conscientes los de GNF y a ello están jugando, sobre todo después de la
movida que protagonizaron con la venida al país de su nuevo CEO Isidre
Fainé, dizque para buscarle una salida a la encrucijada planteada 10 .
Transcurridos los seis meses a mediados de enero del próximo año se agota la
etapa de conciliación y en cualquier momento puede estallar la bomba de
tiempo del Tribunal, en el que Colombia llevaría todas las de perder; esta es
una realidad de la que debemos de estar advertidos.
El caballito de batalla en el que GNF ha venido cabalgando es el de una
supuesta “expropiación gota a gota” por parte del Estado y por ello, además de
su pretensión de que el Estado colombiano le cubra una cartera morosa de sus
usuarios de 1.200 millones de Euros, ahora pretenderá hacer ver la
intervención como prueba de su aserto. GNF ha estado empeñada en la preconfiguración
de pruebas para tratar de darle solidez a su demanda en contra
del Estado colombiano y de eso deben tomar nota las autoridades
competentes, empezando por la Superintendencia de Servicios Públicos. Por
ello, nos pareció muy oportuna la declaración del Ministro de Minas y
Energía Germán Arce, al dejar diáfanamente establecido que “una
intervención no es una expropiación, es el resultado de un incumplimiento
de una prestación de servicio”11. Así de claro!
En este pulso entre GNF y el Estado colombiano no ha faltado el lobby de
parte del Gobierno español para hacer valer los intereses de la empresa
española, al punto que el propio Rey Felipe VI metió basa en el asunto. Las
presiones tampoco se han hecho esperar y, por si faltara, la velada amenaza,
como la declaración a los medios de parte de GNF en el sentido que “la
protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos
del exterior continúen llegando”12. Más elocuente que las palabras mismas, es
el contexto en que se apela a ellas. Ojo, pues!
Medellín, diciembre 18 de 2016
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